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Una gran mentira dentro de la sociedad colombiana

Una gran mentira dentro de la sociedad colombiana:

Todos los colombianos hemos sido  testigos desde nuestro nacimiento de una sociedad violenta, conflictiva, mísera y en la mayoría de casos, ilícita. Cualquiera que haya vivido en Colombia podría decir que estos problemas no tienen solución; que la miseria, el desplazamiento y la violencia son cualidades inseparables de nuestra sociedad, pero yo apuesto por el cambio social, y por esto mismo haré una crítica al sistema Penal Colombiano y al de Prisiones, porque al preguntarnos ¿Qué hace el Estado Colombiano para afrontar estos problemas reincidentes en la sociedad? La única respuesta  que se me viene a la mente es: ¡el castigo!

Cabe aclarar que en ningún momento defenderé las conductas criminales, pues también iría en contra de mi noción de cambio social.

Pues bien, el castigo y la privación de la libertad del individuo, son formas de retribución a la sociedad por el daño que ha causado a otro individuo o a la misma, es cierto, pero si de alguna manera nos encerramos en este pensamiento estaríamos cayendo en un sistema de venganzas, por lo que mas allá de eso tenemos que concebir el encierro y el castigo como una forma ideal de resocialización y reintegración del individuo a la misma sociedad, pues el castigo no se trata de dejar incapacitado a un criminal sino de resocializarlo porque de otra manera no llegaríamos al cambio social y estaríamos aceptando implícitamente que no hay manera de resolver la violencia y criminalización de nuestra sociedad colombiana, aceptación con la cual en particular yo no estoy de acuerdo.

Ahora la pregunta que resta hacernos es si ¿el ideal de resocialización dentro del sistema penal y de prisiones se está ejerciendo? A primera vista una persona respondería que si dentro del sistema penal, puesto que hay principios rectores establecidos dentro del C.P.P. (art. 1 al 18) que permiten una aplicación imparcial de la pena, además una pena justa y con ciertos beneficios para ayudar a la persona a que se resocialice tales como reclusión domiciliaria o inclusive la rebaja de la pena por aceptación de cargos. Pero después de una mirada más a fondo se empiezan a notar ciertas incoherencias, con mirada más a fondo me refiero a pasar mínimo un día viendo audiencias en Paloquemado, el cual es mi caso. Tres de las audiencias a las que asistí, una de acceso carnal violento y tres de hurtos tenían en común tres cosas: la primera era que los demandados pertenecían a una clase social baja y con rasgos prácticamente similares en cuanto a sexo y educación, lo que originaba como consecuencia que su defensor fuera en la mayoría público; la segunda era que los delitos que más se procesaban con frecuencia eran contra el patrimonio y la vida, además de muchos delitos de bagatela, tal y como en el documental[1]; y por ultimo todos los jueces de garantía daban prisión como medida preventiva con base en una falta de arraigo dentro del cual se pedía el laboral, cultural y familiar, además del domiciliario.

Las dos primeras características me llevaron a la misma pregunta que se hace Manuel Iturralde en su artículo “Prisiones y castigo en Colombia: la construcción de un orden social excluyente”, y es ¿será que el sistema penal es selectivo? Y  ¿con que fin? Él en este artículo afirma mediante datos empíricos que el sistema penal si es selectivo, pues con un 93% la mayoría son hombres, el 60 % de los condenados y sindicados están entre los 16 y los 30 años y solo el 42, 43 % había cursado algún curso de primaria, esto confirma cierta tendencia a que “los jóvenes, que proceden a menudo de centros urbanos y entornos de marginación, con bajos niveles de educación y generalmente desempleados” [2] terminen en la cárcel o por lo menos siendo procesados.

Con el fin de constatar estos datos realice dos entrevistas[3] la primera a una fiscal y la otra a un defensor público de la URI, los dos eran encargados de llevar el proceso hasta la imputación de cargos. La fiscal, Marta Riveros, me ratificó que los delitos más procesados eran delitos contra el patrimonio y la vida, con criminales de estratos sociales de entre 1 a 3 aunque en un 10% de estrato 4 y 5, también me informó que por mes tenía que llevar unos 130 procesos y por día recibía unos 20, una suma que se me hizo extremadamente exagerada puesto que en promedio le dedicaría 2 horas por día a cada uno sin contar factores como el cansancio y el almuerzo; también me comento que un proceso podía durar fácilmente en promedio tres años; y cuando le pregunte que en su opinión cual era el mayor problema que tenía como garante de derechos respondió que la investigación se hacía muy difícil con la precariedad de conocimiento de los policías judiciales además de la escases de fiscales. El defensor público, Sergio Gómez Trujillo, también coincidió en que los demandados eran en su mayoría hombres de 18 a 25 años quienes en un 50 % no habían cursado la primaria y de escasos recursos, también afirmó que los delitos que más se procesaban eran hurtos menores, estupefacientes, mecheros (hurtos a almacenes de cadena) y delitos en contra de la vida como lesiones, él también recibía una cantidad de 100 casos anuales, pero al mes debía tener 70 activos, cada uno con una duración promedio de mínimo 8 meses.

Con toda esta información me quedo claro que el sistema penal si era selectivo en la medida de que empíricamente se puede constatar que la mayoría de casos en Paloquemado son de esta clase de personas ya descrita, con lo que responderé la segunda pregunta que se ha planteado ¿Cuál es el fin? Foucault ha descrito este proceso muy bien, al cual denomina gubernamentalidad[4], el cual es la forma en que parte de una sociedad ha sido excluida y vigilada por los gobiernos, para administrar la población y sus bienes con el fin de que se tenga un beneficio no comunitario sino individual, y esto se logra por medios disciplinarios tales como el sistema penal y el de prisiones, lo que origina la marginalización y estigmatización de una clase con el fin de ofrecer seguridad ilusoria y equilibrio ilusorio a otros, pues bien lo deficiente y malévolo de esta clase de tácticas es que reduce a una administración de riesgos todo el objetivo de los sistemas, olvidando así  el concepto de resocialización que es en esencia y fin el fundamento de ambos.

Así pues este pensamiento o mentalidad es el que corresponde al porque del hacinamiento en las prisiones, pues se reduce el problema a considerar una administración más amplia de cupos, como en nueva cultura penitenciaria[5], y no a considerar un cambio estructural que permee ambos sistemas.

Además de esto es claramente una actitud en contra de los principios rectores pues en un sistema donde desde el momento de nacer la persona se predestina al control y marginalización crea la imposibilidad de aplicar estos principios, por ejemplo en casos en que se aplica la prisión con medida preventiva se tiene que demostrar arraigo tanto laboral como domiciliario, pero  ¿cómo se le va a pedir a un desplazado que demuestre arraigo domiciliario o inclusive a las personas de estrato 1 a 3 que demuestren arraigo laboral si en una sociedad como la colombiana la mayoría de estas personas pertenecen a la economía informal? Es absurdo, además de que contraviene los principios de igualdad e imparcialidad, pues lo grave no es que se les este tratando como condenados, sino que nazcan ya condenados. También en un pensamiento como este, desde el momento en que nace una persona se les está incriminando, lo que origina que el principio de presunción de inocencia se torne inútil, pues al discriminarlos, excluirlos, controlarlos y vigilarlos,  los estamos prejuiciando desde un principio a que sean demandados y por lo tanto culpables y criminales, lo que a su vez origina que sea mentira el ideal de resocialización o al menos una fachada, porque como he venido diciendo desde un principio ciertas personas nacen estigmatizadas, además de que el mismo sistema no ofrece posibilidades de salir adelante, sino que mediante la ausencia de estas opciones de trabajo o educación, se mantiene o se empeora la diferencia que existe entre las clases que se sienten “seguras” y las que son utilizadas como medios para que se mantenga aquella “seguridad”, impidiendo el cambio social que muchos anhelamos.

Juan Miguel Jiménez R.

Por último los invito a ver una audiencia para que se genere y se inculque una posición más crítica y propia de los lectores:

http://www.megavideo.com/?v=PZ6RS6Q3


[1] RAMOS, J. C. (Director). (2009). Bagatela [Motion Picture].

[2] ITURRALDE, M. A. (2009). Prisiones y castigo en Colombia: la construcción de un orden social excluyente. Pp 8-9.

[3] Entrevistas realizadas entre el día 20 al 22 de octubre de 2010, en PAloquemado en las oficinas de la defensoría publica.

[4] FOUCAULT, M. (1965). Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión. Mexico: Siglo XXI editores.

[5] Programa cuyo objetivo es consolidar la expansión de un sistema penitenciario basado en criterios de eficacia administrativa.

Qué tan justa es la Justicia colombiana?

 

Thomas Hobbes escribió en su Leviatán Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno. Hobbes, fiel a su tradición empirista inglesa, enunció una verdad indispensable para la compresión del fenómeno humano que denominamos Derecho: que no se trata de un cuerpo normativo pasivo que los hombres obedecen por algún imperativo categórico sino que por el contrario posee él mismo las herramientas para hacerse efectivo.

 

Es esta la perspectiva del Derecho que nos ocupa hoy. El Derecho es, bajo la perspectiva contractualista, el garante del pacto social. Pero de qué forma puede realizar tan monumental tarea si no es por el control de los individuos que lo conforman. El Derecho es en última medida un instrumento de control de la sociedad, uno cuyo destinatario es el hombre y cuyo contenido son sus acciones. Tal vez la manifestación más pura de ese control es el sistema penal, en donde una acción que viole el pacto tiene, según un principio newtoniano sociológico, una reacción cual es la sanción jurídica.

 

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La pregunta que inevitablemente surge en la realidad de nuestro derecho penal colombiano es de qué tipo de control social estamos hablando: uno que se ciñe a los estrictos términos de su legitimidad, esto es la conservación del pacto, o uno que se ha desnaturalizado en un medio de dominación. Para dar respuesta a tan fundamental pregunta -y es fundamental porque se trata del ejercicio del poder legítimo que pusimos en manos del soberano y al que nos encontramos sujetos- fuimos al epicentro de la acción judicial en Bogotá: los juzgados de Paloquemao. Nuestro objetivo era observar cómo se veían en la práctica cuatro principios rectores de nuestro sistema penal: la presunción de inocencia, la defensa, la igualdad, la imparcialidad y el fin de la pena*. Para lo anterior nos concentramos en dos tipos de delitos tan comunes y representativos de la realidad social que el mérito de su selección salta a la vista: porte de drogas y hurto calificado.

 

La presunción de inocencia es el punto de partida del proceso penal. Todo ciudadano colombiano, como miembro del pacto social goza de un derecho inalienable que es su libertad. Los límites de su derecho son otros que los derechos de los demás; de modo que cualquier tipo de intervención en su esfera individual debe ser justificada y en tanto no exista razón suficiente que haga dudar de su inocencia es impensable privarlo del más elemental de los derechos. La experiencia en los juzgados de Paloquemao demostró la practicabilidad de este principio. En el caso de hurto calificado, el hombre de 19 años había sido detenido provisionalmente en la cárcel Distrital luego de haber sido capturado en flagrancia por un miembro de la policía, empuñando un arma corto-punzante en el abdomen de su víctima para hacerse con 7.000 pesos de la misma. En el caso de porte de drogas el hombre de 20 años había sido detenido alrededor de las once de la noche cargando diez “papeletas” de bazuco, que posterior estudio farmacológico demostró contener 2.6 gramos de cocaína.

 

El segundo paso lógico de nuestra investigación sobre el proceso penal ha de ser la defensa del reo, que además está fuertemente ligada al principio de la igualdad.

 

No basta con ser detenido con justa causa sino que además el sindicado debe tener la oportunidad de participar en su juicio, de conocer los cargos que se le imputan en términos comprensibles, de controvertir las pruebas en su contra, de tener asistencia de un profesional del Derecho y de ser libre en sus declaraciones. Sin defensa no hay lugar para el Derecho, para su ejercicio; sin defensa no hay juicio sino condenas, no hay razones sino voluntades que pueden tornarse en arbitrarias; de ahí su importancia.

 

En el caso de hurto calificado*, el hombre contaba con la asistencia de un defensor público,  había tenido previas conversaciones con él en las que le fueron explicadas (según declaraciones del propio defensor) los posibles resultados del proceso**, una vez en juicio le fueron informados los cargos que había imputado la Fiscalía (hurto calificado consumado), por voluntad propia y en plena conciencia de sus acciones se había declarado culpable en el momento del pronunciamiento de la sentencia de medida provisional, tuvo un juicio ordenado, respetuoso, con plenitud de pruebas y sin dilaciones injustificadas. En el caso de porte de drogas, el hombre contaba con la asistencia de una defensora pública que se había reunido con anterioridad con él para explicarle la mejor ruta de acción*** en el proceso, le fueron explicados los cargos imputados por la Fiscalía (Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, art. 371 CP) en términos comprensibles, tuvo oportunidad de explicar libremente sus circunstancias -al igual que sus familiares que dieron testimonio sobre la adicción del acusado-, tuvo un juicio ordenado, con plenitud de pruebas documentales y testimoniales y de argumentos jurídicos de jurisprudencia y dogmática y sin dilaciones injustificadas.

 

Sobre el punto particular referente a la igualdad, el proceso penal debe garantizar que todas las partes se encuentran en las mismas condiciones reales de modo que el acusado tenga efectivamente los medios para ejercer su defensa. En ambos casos, los acusados estuvieron muy bien asistidos, los defensores públicos esgrimieron argumentos de alta calidad que terminaron beneficiando a su defendido.

 

El tercer paso lógico es el fallo del juez. En esta etapa confluyen dos puntos fundamentales: la imparcialidad y la idea del juez sobre el fin del castigo que respalda su decisión.

 

Sobre el particular de la imparcialidad en el caso de hurto calificado, la honorable juez consideró las pruebas que le fueron puestas en su disposición para decidir que el hombre de 19 años no considerable peligro grave para la sociedad. Consideró la ausencia de antecedentes penales, la indemnización de la víctima, la autoincriminación voluntaria al comienzo del proceso y la baja suma del bien hurtado, para atenuar la pena según las normas del código penal. Aplicadas las reducciones la pena resultante fue de 7 meses y 15 días.

 

En el caso del porte de drogas la jueza consideró los argumentos jurisprudenciales, legales y doctrinales sobre la antijuridicidad, la punibilidad, la afectación del bien jurídico, la tipicidad conglobal, etc. para fallar a favor del acusado.

 

Ahora pasamos al último y tal vez más interesante de los aspectos: el fin de la pena. El fin de la pena es la prueba de fuego a la que tiene que someterse el sistema penal colombiano, de ella depende una respuesta afirmativa o negativa a la pregunta sobre si la sanción jurídica se ciñe a sus fines del pacto social o se desvía a estrategias ilegítimas. Si la sanción jurídica efectivamente responde a las directrices del pacto no sólo deberá velar por la seguridad de la sociedad, en palabras de Beccaria por impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer los demás de la comisión de otros iguales, sino además por la reintegración del acusado al pacto.

 

En el caso del hurto agravado la juez en la motivación de su sentencia resaltó la condición de 19 años de edad, de desempleado, de grado escolaridad de noveno grado, de profesión de mecánico y de bajas condiciones socioeconómicas para pronunciar suspensión condicionada de la ejecución de la pena considerando -según la juez- el fin resocializador de la pena y con el interés que el acusado se regenere e interiorice las consecuencias de sus actuaciones -según el representante de la Fiscalía-.

 

En el caso de porte de drogas la juez en la motivación de se sentencia añadió en calidad de obiter dicta que es el tratamiento psicológico el aplicable al acusado en su verificada condición de adicto por más de cinco años, y no la sanción penal en su forma de castigo privativo de la libertad.

 

Hecho este recorrido del proceso penal nos encontramos con la grata sorpresa que al menos en esta muestra de tamaño tan reducido, la sanción jurídica responde a los principios básicos y elementales de garantía del debido proceso y más importante aun que los jueces penales tienen presente el fin resocializador de la pena consagrado en el artículo 4 del Código Penal y que lo implementan en sus fallos para hacerlo efectivo en esta etapa tan crucial. Claro está que de esta investigación no podemos dar cuenta de la aplicabilidad del fin resocializador en la etapa carcelaria pero es significativo y prometedor saber que el fin cobra vida en una fase tan fundamental cual es el juicio.

 

Respondiendo a la pregunta, la investigación arroja el resultado que la sanción jurídica sí cumple con los fines legítimos de garantía del pacto social para los que fue implementada, fines que comprenden la retribución y la resocialización en respeto de los derechos y principios procesales.

 

Julián Niño

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* El defensor le informó sobre los beneficios que le aseguraba su condición de delincuente primario (sin antecedentes), el declararse culpable desde un comienzo y el indemnizar a la víctima.

** La defensora en el juicio le había explicado en términos sencillos lo que en juicio sería su argumento: que el porte de 2.6 gramos, 1.6 gramos por encima de la dosis mínima (1 gramo) no daba indicios para pensar que se trataba de porte y tráfico de drogas sino de porte con fines de consumo. Que en tal medida no había antijuridicidad del acto imputado por no haber afectación del bien jurídico de la salud pública y que en tal medida no era punible el acto. Además le explicó las circunstancias penales de su condición de adicto, condición previamente verificada.

 

La esperanza sigue viva…

 

(tomado de: http://www.blawyer.org, La sociedad panóptica)

“Sólo por nuestro amor a los desesperados conservamos todavía la esperanza”

Walter Benjamin

 

La forma procesal del actual sistema acusatorio penal colombiano[1], tiene como finalidad la coerción diligente del criminal ante la sociedad. Esta contención se encuentra inmersa en un esquema de gubernamentalización social que se fundamenta en una cultura de control que mediante el argumento de encontrar la verdad material[2] de un caso de manera veloz, crea un estereotipo ideológico de criminal que, en ultimas, marginaliza a un determinado grupo social, mientras satisface y calma los miedos de otros.[3] La anterioridad lógica resume la forma en la que se mantiene una determinada estructura del discurso de control social que, por lo general, tiene como resultado para el individuo, el aislamiento, más no la resocialización en un sistema penitenciario que es lo contrario a un buen sistema penal.[4], Pero ¿a través de que elementos se mantiene la marginación racionalizada[5] de este sistema disciplinario?

 

El derecho penal tiene como principio ser la ultima ratio del sistema jurídico[6], esta expresión parte del objetivo central de todo proceso penal, que es llegar a la verdad material. Según el articulo 11d del código de procedimiento penal, toda víctima tiene derecho a conocer la verdad de los hechos. A está veracidad se llega de manera constructiva, mediante un juicio oral adversativo en el cual, mediante un proceso de síntesis entre la tesis y la antítesis, del defensor y la fiscalía. El problema de lo anterior se encuentra en que en realidad, las partes que presentan las pruebas no están encaminadas por un objetivo del descubrimiento de la verdad sino por unos objetivos estratégicos, que en últimas llevan a unas pruebas incompletas (audiencias 1, 2 y 4). De tal modo, la verdad que requiere de la totalidad de las fuentes de conocimiento, no es asequible por este método. [7]

 

En este juego de opuestos el papel del defensor sólo se restringe a cumplir con un rol social, en el cual no se tiene en cuenta la calidad del mismo. Según el articulo 8e del código de procedimiento penal, todo imputado tiene derecho a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el estado. Lo anterior deja a los individuos de un bajo nivel socioeconómico constreñidos a una desigualdad,  que se origina en la posibilidad de que, la contraparte cuente no solo con un mayor capital económico para obtener las pruebas estratégicas sino que, además adquiera un representante con un mayor capital cultural (audiencias 1 y 4). Lo anterior nos lleva a que sin importar que el defensor sea el peor de los defensores posibles, el estado cumple con su obligación. De esta manera, el castigo de una mala defensa no es para el abogado mediocre sino para su “defendido” sin recursos. [8]

 

Bien pareciera por todo lo anterior, que la cosa no se puede poner peor para una persona de bajo nivel socioeconómico, no sólo cuenta con la posibilidad de verse representado por una abogado mediocre que presente unas pruebas ineficientes, sino que también como imputado cuenta con la facultad de declararse a sí mismo culpable. La institución de la declaración de culpabilidad por parte del imputado, encuentra su argumento principal en la posibilidad por parte del estado de librarse de un procedimiento judicial que no sólo conlleva tiempo sino también costos (audiencia 3). Lo anterior practica puede dar origen a una eventualidad, en la cual un procesado inocente, en la mayoría de los casos presionado por su abogado (como en Bagatela)[9], ante el peso de las pruebas decida vender su libertad por el premio de una disminución significativa de la pena; lo contrario llevaría a que una lucha por la inocencia tenga como consecuencia una sanción mayor. La posibilidad de declararse culpable tiene como consecuencia final, el distanciamiento por parte de la decisión judicial de la verdad material.[10]

 

Junto a esta amalgama explosiva anteriormente descrita, también encontramos que la capacidad del juez en la decisión judicial se ve abruptamente reducida. Partiendo del articulo 16 del código de procedimiento penal, encontramos que la imposibilidad del juez para ordenar pruebas que faciliten la resolución del caso, trae como consecuencia que, la única participación posible del juez, se restrinja a dar una opinión que no parte de una verdad objetiva, sino de su dictamen subjetivo. Por lo tanto la sentencia judicial se reduce a un razonamiento valorativo que, decide cual fue la mejor estrategia argumentativa (audiencia 4).[11]

 

Bien pareciera con todo lo anterior que, el discurso de procesamiento penal que sostiene las instituciones anteriormente mencionadas, se encuentra afianzado en su mismo arraigo social y en su inconciente interés de mantener lo dado por el statu quo, como lo posible para una solución eficiente.[12] Es preciso darnos cuenta como individuos oprimidos que la agilidad, que es el mayor atractivo del sistema vigente,  al mismo tiempo es su mayor debilidad. Lo anterior debido a que su eficiencia productiva se encuentra enmarcada dentro de una escasez de justicia. La búsqueda de un mejor sistema penal, comienza con un replanteamiento reduccionista del mismo que, nos lleve a una proposición practica, en donde la eficiencia productiva se encuentra enmarcada en una abundancia de justicia.

 

Experiencia empírica

Los investigación de campo, se llevo a cabo los días 14 y 15 de octubre de 2010 en los juzgados penales de Paloquemao. Se analizaron 4 audiencias penales que fueron realizadas durante las horas de la tarde. A continuación se describe lo que ocurrió en cada una de estas.

 

Audiencia #1 La fiscalía lleva a cabo la imputación de cargos por los delitos de violación, hurto calificado, secuestro y acceso carnal violento. Es posible comprender la fuerza con la que se encuentran fundamentadas cada una de las pruebas, debido a la gran cantidad de pruebas criminalísticas que son mencionadas. La argumentación jurídica de la fiscal es de una excelente calidad.

Audiencia #2 El juez lleva a cabo la individualización de cargos y pena al imputado. El sindicado por los crímenes de falsedad bancaria y uso de documento falso, es un comerciante que aparenta pertenecer a un nivel socioeconómico intermedio. Se ve una pobre argumentación jurídica de ambas partes. En últimas el juez falla a favor del imputado.

Audiencia #3 El juez lleva a cabo la individualización de cargos y pena al imputado, por los delitos de hurto calificado y agravado. En un acto previo a la audiencia el imputado que no se encuentra presente acepto su culpabilidad. La defensa pública del imputado argumenta que, su representado se encuentra trabajando en una erradicación manual de cultivos de coca en el Caquetá; labor en la que no solo presta un servicio al Estado, sino que cumple con una labor resocializante. Por lo tanto, teniendo presente que las fallas institucionales del sistema penitenciario en Colombia, no cumplen con su finalidad resocializadora, sería conveniente para el estado y para el mismo individuo que se le permita seguir con su labor. El juez decide aplazar el fallo debido a la voluntad del sindicado de resarcir los daños.

Audiencia #4 el sindicado de bajo estrato socioeconómico, aplicaba por la posibilidad de reclusión en casa por cárcel. El argumento del defensor de confianza del imputado se centraba en pruebas, sin ninguna relevancia o fuerza jurídica. La fiscalía solo dio un argumento con gran peso legal. El juez al dar su sentencia, dio a entender que se encontraba frente a un caso, en el que debido a la pobre argumentación por parte de la defensa, debió negar la medida de aseguramiento.

Luis Alejandro Rojas Bernal


[1] Ley 906 de 2004

[2] SCHÜNEMANN, B. (2009). Crtitica al modelo penal norteamericano. In B. Schünemann, & E. A. Donna (Ed.), Obras (Vol. 2, pp. 427 – 450). Buenos Aires: Culzoni Editores.

[3] FOUCAULT, M. (1965). Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión. Mexico: Siglo XXI editores.

[4] ITURRALDE, M. A. (2009). Prisiones y castigo en Colombia: la construccion de un orden social excluyente. 33.

[5] MARCUSE, H. (1965). El hombre unidimensional. (S. Barral, Trans.) Barcelona: Ariel filosofía.

[6] SCHÜNEMANN, B. Op.cit.

[7] Ibíd.

[9] RAMOS, J. C. (Director). (2009). Bagatela [Motion Picture].

[10] SCHÜNEMANN, B. Op.cit.

[11] Ibíd.

[12] MARCUSE, H. (1965). Op. Cit.

 

DELITOS MENORES, DELITOS MAYORES. ¿AL MISMO NIVEL?.

Imagen tomada de: estudiovillano.com

Los días 19 y 20 de Octubre se realizó un estudio de campo acerca de la situación judicial en la ciudad de Bogotá, específicamente en los Juzgados de Paloquemao; para efectos de tal estudio se tomaron como muestra 4 audiencias, a continuación se hará una breve descripción de cada una y luego se procederá con el análisis respectivo con base  en algunos principios y garantías procesales (artículos 1[1], 2[2], 4[3], 5[4], 7[5], 8[6], 11[7] y 18[8] del Código de Procedimiento Penal):

Audiencia 1[9]: El señor Luis Eduardo Hernández Rodríguez fue capturado por supuesto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (artículo 376 Código Penal colombiano). Dicho delito tiene pena de 64 hasta 108 meses de cárcel, así como también una multa de 2.66 smlmv hasta 150 smlmv.

El mencionado compareció antes de las 36 horas que tienen como plazo las autoridades para disponerlo ante el juez de garantías, interrumpiendo la prescripción de la acción penal; este fue asistido por un abogado de oficio. En la misma audiencia el sindicado no acepta cargos y la juez le atribuye la condición de imputado.

Audiencia 2[10]: Se produce la segunda audiencia a la señora Niny Johana Arciénagas, quien fue recluida e imputada por la supuesta comisión del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (artículo 376 Código Penal colombiano). La señora Niny Johana es inasistida por su abogado de oficio defensor. El delito que a ella se le imputa tiene pena de 64 hasta 108 meses de cárcel, así como también una multa de 2.66 smlmv hasta 150 smlmv.

Audiencia 3[11]: La señora Ortensia Carreño quién es representante legal de sus dos menores hijas, demanda al señor José Daniel Reyes Rodríguez, padre de las mismas por el delito de inasistencia alimentaria (artículo 233 Código Penal colombiano). Dicho delito tiene una pena de 32 hasta 72 meses de cárcel, así como también una multa de 20 smlmv hasta 37.5 smlmv.

El Señor Reyes es asistido por un abogado de oficio (que cumple con el requisito de consultorio jurídico por parte de la Universidad Libre de Colombia), y la señora Carreño y sus hijas por la señora Fiscal[12].

El señor Reyes no acepta cargos y la juez le otorga la condición de imputado al mismo en la misma audiencia.

Audiencia 4[13]: Se llevó  cabo la segunda audiencia al señor Carlos Aguilera Casas, quién fue imputado por homicidio culposo de dos personas y acceso carnal violento a otra (que tratan los Capítulos Primero y Segundo del Código Penal colombiano).

El imputado fue asistido por dos abogadas de oficio, esto por una estrategia de apoyo, pues una de ellas se encargó a presentar defensa  y objeciones, mientras que la otra defensora se encargó de la interrogación y contra-interrogación.

Las víctimas fueron representadas por dos abogados de oficio, uno de ellos es un  joven que realizaba consultorio jurídico por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, así como también por el señor fiscal.

En las audiencias 1, 3 y 4 se leen[14] y cumplen a cada imputado los derechos adquiridos por la misma condición -artículo 8 CPP[15]-, lo último porque que se les asignan abogados de oficio, se les garantiza comunicación previa a la audiencia con el (los) mismo(s), se les hace conocer los cargos que se les imputan, se les celebra audiencia con material probatorio, reciben tratos respetuosos -artículo 1 CPP[16]-, con igualdad -artículo 4[17]-, e imparcialidad –artículo 5-, ya que cada juez, daba la misma oportunidad de argumentación y contra-argumentación a las partes, los mismos usaron un lenguaje formal, objetivo y abstracto. Se respetó la presunción de inocencia de cada sindicado –artículo 7 CPP[18]-, puesto que no se les llamó culpables por no tener decisión judicial definitiva, y así mismo se les deja en libertad hasta que la misma decisión determine lo contrario –artículo 2 CPP[19]-. Las audiencias fueron de libre acceso para la comunidad en general –artículo 14 CPP[20]-.

La audiencia 2 tuvo que ser diferida, ya que a la imputada no le asistió el abogado de oficio defensor. De esta manera se le respetó el derecho de igualdad en materia de juicio frente a los demás imputados –artículo 4 CPP[21]-, el derecho a la defensa –artículo 8[22]– y a la dignidad humana –artículo 1[23]– al tener sus derechos intactos. La imputada estaba recluida en el centro penitenciario “El Buen Pastor”. La audiencia quedó diferida para el 7 de Febrero del 2011. Con respecto a esta audiencia me asalta una duda, ¿por qué siendo este delito el mismo que en la audiencia 1, a ella le imparten medida de aseguramiento, y al señor imputado en la audiencia 1 no?, ¿El caso en realidad ameritaría para la medida de aseguramiento?, o ¿esta media se debe por la condición sexual?, ¿esta condición hace que el sistema penal sea menos tolerante?, ¿esto significa de algún modo la violación del artículo 5 (CPP[24]) -que habla sobre la imparcialidad del juez-?.

Con respecto a la misma audiencia, se puede observar el desligamiento que hay entre el abogado de oficio y el acusado quién es un demandante ocasional, esta relación se ve deteriorada por el poco interés que esto puede generar al abogado, puesto que, este acusado no le genera mayor ingreso, ni  clientela, ni tampoco existe una relación duradera que genere interés en el abogado, y es por ello que el abogado probablemente lo va a ver como un caso más sin mayor relevancia, generando esto una condición de desventaja para el imputado. Adicionalmente, el nuevo período definido de espera a la imputada demuestra la congestión del aparato judicial del Estado, puesto que este período ha sido redefinido por 4 meses más, es decir, la imputada estará recluida por este período de tiempo sin que se le haya dictado sentencia definitiva.[25]

De los delitos que se pudieron observar en las audiencias, solo 1 de 4 presentaba grave riesgo para la sociedad. De igual modo solo 1 de 4 implicaba a una mujer, en la estancia y recorrido por el juzgado no se encontró caso similar, lo cual indica que la gran mayoría de procesados pertenecen al sexo masculino[26].

Lo anterior demuestra el carácter peligrosista del sistema penal, puesto que pone al mismo nivel a quienes cometen delitos menores[27] y a quienes cometen delitos mayores[28], ya que a ambos les priva de la libertad y les interna en cárceles. Quienes cometen delitos menores no son la amenaza más peligrosa contra la sociedad, ni son los responsables de los crímenes más atroces. Además, tampoco cumplen con los perfiles peligrosistas establecidos por la legislación penal y el discurso gubernamental.[29]

El discurso gubernamental tiene como objetivo “principal” la persecución de aquellos que ponen en peligro de manera gravosa el orden público y la seguridad de la sociedad, como lo son los comunes al conflicto armado, al secuestro, terrorismo, homicidio, lesiones personales y violaciones sexuales[30].

La incursión de personas implicadas en crímenes menores a las penitenciarías obstruye y dificulta el ya colapsado y deficiente sistema carcelario en Colombia, puesto que “encarcelar personas que han cometido delitos no violentos […] en espacios que podrían ser mejor utilizados para recibir criminales violentos” dificulta el fin resocializador que tiene toda pena, puesto que esto implica aumento del hacinamiento –que hasta Marzo 12 del 2010 figuraba con el 41,7%-, menor control estatal, menor efectividad en políticas adelantadas para la resocialización de los internos, mayor desorden, violencia, y por ende tratos inhumanos y violentos, violación de la dignidad humana, vida, salud, integridad física y psicológica de los internos por la incapacidad estatal y por los problemas de infraestructura que presenta. [31] [32]

Así, crímenes menores como los de las audiencias 1, 2 y 3, deberían tener otros mecanismos de solución, así mismo, situaciones que no impliquen violencia deberían ser tratados con políticas públicas y no con represión, significando esta última un mayor costo humano, económico e incapacidad productiva o inclusiva.

Brasil y Costa Rica han hecho grandes esfuerzos para abordar el problema de hacinamiento carcelario, no aumentando solamente la oferta de los cupos, sino disminuyendo el tamaño de la población penitenciaria.[33]

La puesta en práctica en USA de políticas alternativas para las personas implicadas en estupefacientes y que no incurrieron en violencia, han demostrado que el ahorro económico es considerable y beneficioso para fines resocializadores. Esta estrategia consiste no en encarcelar, sino en otorgar libertad condicionada a la asistencia a tratamientos brindados por el mismo Estado a las personas para sus dos primeras incidencias no gravosas, la condena también puede incluir servicio comunitario, orientación familiar y capacitación vocacional, brindando así verdaderas oportunidades de superación permitiendo que el sujeto vuelva a ser parte productiva de la sociedad, cosa que no se hubiera logrado con el sistema penitenciario a causa de sus problemas de infraestructura. De ello podría pensarse que en situaciones (delitos menores) que no representen violencia o peligro inminente para la sociedad, podrían adoptarse políticas similares y obtener resultados similares, evacuando así el hacinamiento de las cárceles, dedicándoles a ellas únicamente los sujetos especialmente peligrosos (delitos mayores), procurando un mayor control para el logro del fin resocializador y el logro del discurso gubernamental.[34]

Juan Felipe Falla.


[1] Artículo 1, Dignidad humana (Código de procedimiento Penal): “Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana”.

[2] Artículo 2, Libertad (Código de procedimiento Penal):  “El juez de control de garantías […] ordenará restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas”.

[3] Artículo 4, Igualdad (Código de procedimiento Penal): “Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger […a quienes] se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”.

[4] Artículo 5, Imparcialidad (Código de procedimiento Penal): “[…] los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia”.

[5] Artículo 7, Presunción de inocencia (Código de procedimiento Penal): “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.”

[6] Artículo 8, Defensa (Código de procedimiento Penal): Derechos adquiridos una vez adquirida la condición de imputado.

[7] Artículo 11, Derechos a las víctimas (Código de procedimiento Penal): Derechos al acceso de administración de justicia para las víctimas.

[8] Artículo 18, Publicidad (Código de procedimiento Penal): “Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general”.

[9] Fecha de audiencia: 19-Octubre-2010, hora de inicio: 10:40 a.m.; hora final: 11:25 a.m.

[10] Fecha de audiencia: 19-Octubre-2010, hora de inicio: 9:48 a.m.; hora final: 9:51 a.m.

[11] Fecha de audiencia: 19-Octubre-2010, hora de inicio: 12:04 p.m.; hora final: 12:26 p.m.

[12] Quedando garantizada la protección a la que tienen derecho las víctimas –artículo 11 CPP-.

[13] Fecha de audiencia: 20-Octubre-2010, hora de inicio: 10:30 a.m.; hora final: 12:28 p.m.

[14] Excepto en la audiencia 4, puesto que era la segunda audiencia celebrada para el imputado, ya que en la primera audiencia se le había puesto en conocimiento los respectivos derechos a los que se hacía acreedor.

[15] Código de Procedimiento Penal.

[16] Ibídem.

[17] Ibídem.

[18] Ibídem.

[19] Ibídem.

[20] Ibídem.

[21] Ibídem.

[22] Ibídem.

[23] Ibídem.

[24] Op. Cit 11.

[25] GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. Título: Sociología jurídica. Teoría y sociología del derecho en Estados Unidos. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

[26] ITURRIALDE, Manuel. Título: Prisiones y castigo en Colombia: la construcción de un orden social excluyente. (Esto coincide con la tendencia presentada por Iturrialde.)

[27] Entiéndase como delitos menores aquellos delitos que no implican riesgo inminente o actos violentos para  la comunidad.

[28] Entiéndase como delitos mayores aquellos delitos que implican riesgo inminente o actos violentos para la comunidad.

[29] Op. Cit 25. Pág 14.

[30] Ibídem, pág 12.

[31] Op. Cit 20.

[32] GRUPO DE INTERÉS PÚBICO. FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. BOGOTÁ, COLOMBIA. THE CARLOS A. COSTA IMMIGRATION AND HUMAN RIGHTS CLINIC AT FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF LAW. UNITED STATES. Título: Situación carcelaria en Colombia. Informe sombra presentado al CDH de Naciones Unidas.

[33] ARIZA. José Libardo. Título: Reformando el infierno: los tribunales y la transformación del campo penitenciario en Latinoamérica.

[34] RUBINO. Frank. ¿Por qué un tratamiento podría ser mejor que el encarcelamiento para los que han cometido delitos relacionados con drogas?. En: Federal and international criminal defense. [en línea]. [21/10/10]. Disponibe en: < http://www.frankrubino.com/CM/FSDP/PracticeCenter/Espanol/Drug-Charges.asp?focus=topic&id=4 >

“Orden en la sala”(y en los procedimientos)

Mucho se ha dicho sobre las funciones que tiene el derecho, sea este visto como herramienta de emancipación o represión social, discusión en la cual no profundizare dado que en esta ocasión lo que quiero es comentar como funciona en la práctica el derecho desde su función ordenadora  y cuando me refiero desde la práctica, lo hago desde unas observaciones realizadas en un par de visitas al Complejo Judicial de Paloquemao ubicado en la Calle 18.A con Cra 28.A, donde se encuentran tanto jueces municipales como jueces del circuito penal de Bogotá.

Tratare de hacer dichas observación de la manera más objetiva posible en la medida que las observaciones que realizare nacen de un trabajo de campo que implico acudir como ya lo mencione, a las audiencias públicas de este complejo judicial donde me lleve  una grata sorpresa, dado que Paloquemao tanto por su ubicación, como por los medio de comunicación y la lengua popular, llegaba a mi imaginación como un recinto  muy diferente, caracterizado por ser un lugar desordenado, sucio, peligroso y viejo, cuando en realidad lo único de ese supuesto con el que llegaba, además de lo viejo, era lo desordenado característico de casi todo lo colombiano, pero ante lo imaginado, me lleve una muy buena impresión del lugar. Además para dichas observaciones parto del punto que  exponen varios autores y grupos de investigación jurídicos[1], sobre nuestro país y su actual  situación en cuanto a su sistema penitenciario y carcelario, además de contar con una política criminal que acrecienta dicho problema, que implican o llevan a la discriminación y marginación de determinados sectores de la población colombiana[2].

Pondré dos ejemplos para ilustrar como es en la práctica esta función ordenara del derecho y si sí se cumple en el hecho con el espíritu y lo estipulado por la constitución y la ley 906 de 2004[3]. Primero el caso de un joven afroamericano, habitante de la calle que fue capturado luego de atracar a una señora, y segundo el caso de unos reincidentes en hurto como apartamenteros.

En cuanto a lo que establece la Constitución y el código de procedimiento[4] penal a los intervinientes en el proceso penal se les tratara con respeto debido a la dignidad humana, considero que de acuerdo con lo presenciado que dicho trato mencionado se cumple en el sistema por dos razones, primero porque es publica la audiencia, haciendo que la labor del juez como la de las partes este sometida a una constante y minuciosa mirada crítica de los diferentes actores de la sociedad, y segundo que además de un arraigo cultural del juez hacia el respeto, considero que para el juez violar la dignidad humana de alguna de las partes traería consecuencias bastante graves para el ejercicio de su profesión. Ejemplo de este trato imparcial, respetuoso e igualitario debo mencionar el caso en el que el  juez de control de garantías en el caso del joven afroamericano habitante de la calle dio trato basado en el respeto, la igualdad e imparcialidad a este joven, garantizando sus derechos sin importarle su condición económica, racial, y social para determinar que no precedía para su caso  una medida que le restringa su libertad como lo pedía la fiscalía, dado que el juez en sus facultades no considera que ser habitante de la calle sea motivo suficiente para que resulte necesario implementar una medida restrictiva de la libertad para que el sindicado comparezca posteriormente en el juicio, como ya lo manifestó también la Corte Constitucional.

Dado su condición de habitante de la calle, caracterizado por definidas debilidades económicas que le imposibilitan tener un abogado propio, el Estado cumpliendo con sus obligaciones de imparcialidad, igualdad, debido proceso y la presunción de inocencia,  le otorga un defensor público para que lleve a cabo su defensa, cosa que también se cumplió en con los demás sindicados en las otras audiencias. Ahora bien quedara para otra discusión sobre el tema, establecer la calidad de dichos defensores públicos, dado que en los diferentes casos encontramos que existen defensores públicos de pésima calidad y otros que se dedican a dichos casos con pasión y calidad.

Aunque cabe rescatar muchas cosas como que en los casos observados en su mayoría se dio un trato respetuoso e imparcial, al igual encuentro cosas que están estipuladas en el código de procedimiento que penal que no se cumplen de manera lucida, como es el del segundo caso los apartamenteros reincidentes que el juez del circuito penal de Bogotá, en que los trataba como un papa regañando a sus hijos para ilustrar el trato que recibieron estos jóvenes infractores. Frases como “¿por qué lo hicieron?” me llevan a verlo de esta manera, y debo aclarar que un trato así no constituye el trato imparcial que estipula ley. Además de este fenómeno que puede a ser focalizado y no generalizado, encuentro que existen otras tendencias que violan lo estipulado por la ley.

Considero que en muy pocos caso donde los sindicados se encuentran en debilidad manifiesta, sea por cualquiera de sus características, gozan plenamente como dice el artículo 8h) e i), que mencionan  que se debe conocer por parte de los sindicados los cargos imputados, expresados en términos comprensibles, al igual que disponer del tiempo razonable  y los medios para la preparación de su defensa. Digo esto porque note en la mayoría de los casos donde los sindicados tenían características socioeconómicas similares de adversidad, que a causa de el flujo constante y masivo de casos y el carácter impersonal y desinteresados de algunos defensores públicos, se hace la defensa y la decisión en forma de sentencia de manera rápida violando estos aspectos.

Solo me queda decir que aunque se cumplen con determinados aspectos importantes de la ley 906 de 2004, aún se violan y se incumplen determinados elementos de la misma, especialmente en determinados sectores marginados. No se puede culpar de esto nada más a los jueces, o a las defensores públicos, ni a los sindicados ni a las víctimas, considero que la violación de estos elementos se debe a una problemática social que no ha encontrado actualmente solución alguna, como la que viven millones de colombianos pobres en nuestro país, acompañada por un desentendimiento de dicha realidad con los poseedores del poder en la medida que focalizan su lucha contra el crimen de manera tal que se acrecienta dicha brecha y empeora las difíciles condiciones que caracterizan al sistema penitenciario y carcelario de Colombia, afectando de igual manera a la debida administración de justicia en su afán de ordenar una sociedad tan compleja como la colombiana.

Juan Pablo Vargas Serrano


[1] Autores como Manuel A. Iturralde en prisiones y castigos en Colombia: la construcción de un orden social excluyente. O el Informe Sombra sobre la situación carcelaria en Colombia presentado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este informe fue escrito por el Grupo de Interés Público (G-DIP) de la Facultad de Derecho de los Andes.

[2] Según el texto de Iturralde la población carcelaria se caracteriza en su mayoría por ser hombres jóvenes  de entornos de marginación, con bajos niveles de educación y normalmente desempleados.

[3] Código de Procedimiento penal.

[4] Art. 1  de Código de Procedimiento Penal.

 

Autoritarismo y democracia moderna.

“Queremos las estructuras al servicio del hombre y no al hombre al servicio de las estructuras. Queremos tener el placer de vivir y nunca     más el mal de vivir.”

Odeón

 

Herbert Marcuse, en su texto “Algunas implicaciones sociales de la tecnología moderna”[1], desarrolla una serie de argumentos que van encaminados a demostrar la irracionalidad de la sociedad industrial avanzada.[2] Esta sociedad tiene sus cimientos en un proceso social tecnológico que se caracteriza por ser “un modo de organizar y perpetuar (o cambiar) las relaciones sociales”, bajo la figura de una “tecnocracia” que está en constante búsqueda de una eficacia competitiva y una escasez distribuida.

 

Proponemos analizar el texto de Herbert Marcuse por medio de la siguiente estructura: en primer lugar, realizar un estudio histórico que intente encontrar los factores de racionalidad y cánones de individualidad de los siglos XVI y XVII, y su comparación con la actualidad; segundo, es imperante establecer la relación hombre-máquina y sus implicaciones más importantes para la vida de los individuos; luego, estudiamos el efecto de la administración científica en tiempos de la racionalidad tecnológica; en cuarto lugar, encontramos la caracterización de la masa y el individuo en un contexto de democracia técnica que es importante ahondar; el quinto análisis de este texto está fundado en la burocracia como método regulador de la división del trabajo. Con estos cinco elementos podemos dar unas conclusiones sobre la repercusión de la tecnología y el curso que ésta tiene que coger para propiciar una racionalidad tecnológica al servicio del hombre.

 

La puesta en marcha de los procesos de tecnificación se centra en factores determinantes construidos con base en racionalidades y cánones de individualidad que varían dependiendo de su situación histórica. La revolución burguesa de los siglos XVI y XVII hipostasió  al individuo y su racionalidad en el contexto de una sociedad que aún no era racional. Debido a esto, el individuo era un ser crítico, mientras que la sociedad sólo podía garantizarle su libre razonamiento.

 

Hoy en día, sin embargo, la racionalidad individual dio un giro al transformarse en racionalidad tecnológica, racionalidad que introyecta en el individuo la personalidad objetiva mediante la constante búsqueda del individuo eficiente dentro de los requisitos objetivos del aparato. La libertad del individuo se encuentra ahora en la eficiencia del  mismo, en los parámetros de racionalidad impuestos por el proceso maquinal del gran poder social.

 

En el proceso de la racionalidad tecnológica se encuentra la relación hombre-máquina. Dicha relación adoctrina al hombre de una manera falsa en sus deseos y pensamientos, creando una conducta individual que sustenta la racionalidad y eficacia del aparato.

 

Al manipular la máquina el hombre aprende que la obediencia a las instrucciones es la única manera de obtener los resultados deseados. Arreglárselas bien equivale a estar ajustado al aparato. No hay campo para la autonomía. La racionalidad individualista se ha convertido en una sumisión eficiente al continuo de medios y fines dado con anterioridad. Esto absorbe los esfuerzos liberadores del pensamiento, y las diversas funciones de la razón convergen en el mantenimiento incondicional del aparato.

 

La subversión dentro de esta racionalidad se ve reducida a lo inexistente. Para el funcionamiento “correcto” de la máquina, la obediencia es lo “conveniente”. La necesidad falsa genera en el individuo una constante infelicidad del mismo dentro de una euforia colectiva, y la eliminación de su autonomía es garantía para mantener el stablishment.

 

La estandarización del individuo se ve mediada por una administración científica en constante búsqueda de una intensificación en la producción. La racionalidad tecnológica, que parte de la heteronomía social, se contrapone a la autonomía individual que da origen a la racionalidad crítica. El crecimiento del aparato tecnocrático y el adoctrinamiento de sus contrapartes autonómicas crea una mutación de la critica y una impotencia de la misma. La existencia de la racionalidad tecnológica vive en un constante dinamismo que transforma la critica a su propio ser reduciendo los planteamientos de la misma a un simple desperdicio de la producción que debe ser eliminado. La convergencia entre la racionalidad tecnológica y critica está dada porque ambas parten de una asociación humana entre hombres libres y autónomos.

 

La racionalidad crítica de sus propósitos se subordinó a la racionalidad tecnológica de su organización y, por tanto, se “purgó” a los elementos que trascendían el modelo de pensamiento y acción establecido.

 

La conservación del aparato tecnológico se da por medio de la racionalización de las masas sociales, que estandariza a los individuos en el contexto de una democracia técnica eficientemente productiva, fundamentada en la división del trabajo. La especialización se fundamenta en una homogeneización de los individuos atómicos por medio de un moldeo de la personalidad, espontaneidad y experiencia, en el cual no se pierde la distinción de sus intereses propios. De esta manera, la individualidad es la forma como el hombre introyecta y descarga, dentro de un modelo general, algunos deberes que se le adjudican.

 

La democratización técnica de la especialización del trabajo encuentra su orden en lo racional por medio de la burocracia. La masificación de los individuos se encuentra facilitada en un exceso de división de trabajo que fractura la sociedad en pequeños grupos sin una identidad definible, que de manera imperceptible son absorbidos por la masa. La burocracia, eje central de la tecnocracia, toma la forma de una maraña estandarizante de diversas técnicas, que dirige el desarrollo de las individualidades a un modelo general, con una finalidad que esté acorde con el orden imperante. Esta maraña puede llevar a diversas formas de construcción social que van, desde la burocratización jerarquizada, hasta la autoadministración técnica en la que cada persona tiene una importancia dentro de la masa.

 

Marcuse examina la tesis de la filosofía individualista en la que la tecnología se convierte en el medio por el cual pueden superarse las necesidades humanas mediante la abundancia, para llegar a un estado en donde puedan “desplegarse las diferencias esenciales entre los hombres” (pag 85). Sin embargo critica dicha utopía porque considera que un exceso de singularidad en la vida humana no conlleva a un estado de perenne felicidad. Pese a esta crítica, de la tesis rescata el hecho de que la abundancia en la productividad tecnológica es un factor determinante para los procesos de socialización que integran y a la vez diferencian a los individuos.

 

El nacionalsocialismo, en el caso de Alemania, es una clara ejemplificación de lo que Marcuse considera la técnica al servicio del autoritarismo,  en donde la fuerza bruta, junto con la tecnocracia racionalizada  de la eficacia productiva en la escasez distribuida, mantienen una irracionalidad permanente a través de la economía de guerra. Irracionalidad en la cual se hipostasia la importancia de la máquina, sublevando la racionalidad individual y poniéndola al servicio del aparato.

 

Pese a que Marcuse no plantea un mundo ideal, sí deja claro que, para forjar en éste una realidad en donde la tecnología y la máquina operen a favor de los individuos, es necesario que la eficacia productiva promueva la abundancia. Así, las necesidades impuestas socialmente van a verse eliminadas  para llegar a una racionalidad en la cual las individualidades serán satisfechas de manera singular.

Luis Alejandro Rojas Bernal y Diego Mauricio Olarte.


 

 

Samuel se prepara para meteoritos en su gobierno…

Tomado de: El Tiempo