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Debates juridicos

La Obligación Moral De Obedecer o Desobedecer El Derecho Positivo.

“No hay un lugar en lo mas alto de los cielos,

ni en lo mas bajo de lo océanos,

donde no impere la ley moral”

Confucio

Mediante el siguiente ensayo, pretendo dar respuesta a la pregunta sobre la existencia de una obligación moral de obediencia hacia el derecho. Esta respuesta se dará a razón de un análisis de los tópicos siguientes: la validez de un ordenamiento jurídico y sus normas, las diferentes clases de obligatoriedad existentes, las interacciones entre el derecho positivo y la moral, y teorías y escuelas afirmadas y negadas por la tesis expuesta.

En primera instancia, es necesario distinguir que todas las normas jurídicas, que pertenecen a un sistema jurídico individualizado y que poseen un carácter positivo, deben reposar sobre una triada construida con base a una concepción de justicia objetiva, una institucionalización formal, y un arraigo social.[1] La  justicia objetiva le da un carácter de moral social a las normas positivas. Estas normas son creadas y sancionadas por unos órganos primarios que establecen la moral positiva y poseen el monopolio de la fuerza estatal. Con este monopolio de la fuerza estatal los órganos autorizados, aplican las sanciones coercitivas, lo cual clasifica al sistema jurídico como formalmente institucionalizado. Finalmente, el arraigo social, otorga una vigencia fáctica o de hecho a las normas jurídicas de un determinado ordenamiento jurídico.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible construir una clasificación de los diferentes tipos de obligatoriedad que se generan en el vinculo entre los sistemas jurídicos y los individuos que se encuentran normativizados dentro de los mismos. La primera clase de obligatoriedad, es aquella que lleva en su interior una propiedad jurídica, esto quiere decir que se puede encontrar al margen de que uno u otro concepto de moral la subscriban o no.[2] De este modo, la obligatoriedad jurídica, por medio de la positivización, se da a sí misma un autosatisfecho concepto de obligatoriedad y de validez jurídica formal. Esta obligatoriedad se encuentra planteada en la conducta exigida por la norma jurídica, que lleva incluidas las sanciones para las personas o patrimonios de las mismas que no la obedezcan. A su vez se genera una conducta obligada, que propone un ajustamiento de las relaciones sociales, quedando reducida a un simple calculo estratégico racio finalista, que se deriva de un temor o represión social de los órganos que usufructúan el aparato coactivo del estado, apartándose del carácter de obligatoriedad en un sentido ético.[3] Del mismo modo nos insinúa una conducta que “acarrea mas ventajas” y que encuentra su cimiento en un utilitarismo.[4] La anterior categoría puede ser catalogada ya no como una obligación sino como una conminación que converge en un fundamento que esboza el reconocimiento de principios éticos que no tienen contenido moral sino estrictamente jurídico.

La segunda clase de obligación y en estricto sentido ético la única, es aquella que lleva un transfondo de carácter moral. Esta obligatoriedad moral tiene su origen en el análisis subjetivo de los contenidos jurídicos de las normas, lo cual da origen a una opinión iuris. En términos hegelianos, esta opinión se construye con base en conceptos de razón y de justicia, que a su vez dan origen a una moralidad personal. El conglomerado de moralidades personales da como resultado una eticidad o moral social, que establece precedentes de justicia objetivos que deben ser acordes a lo prescrito por la normatividad del ordenamiento jurídico. La  conformidad o no conformidad del enunciado positivo, le confiere el origen a la racionalización de la obligatoriedad subjetiva u objetiva de obediencia o desobediencia del derecho positivo.[5

Paralelamente, es imprescindible considerar que ninguno de los individuos integrantes de un sistema jurídico o “ciudadanos”, podrá ver su concepción de justicia o de razón totalmente reflejada en aquel ordenamiento jurídico.[6] Por lo que siempre existirá una discrepancia jurídica en lo que pretende ser positivo y lo que ya cuenta con esta propiedad. Esta disconformidad da fundamento a una serie de alternativas que ocasionan diferentes consecuencias. La primera de estas posibilidades, se halla en la oposicion del derecho positivo con el concepto de justicia. Esta diferencia es tan miníma que resulta como consecuencia un conformismo moral de los integrantes del sistema jurídico. Se puede presentar eventualmente como un segundo caso, aquel en el cual existe una discrepancia de tal magnitud que se da como producto una objeción moral entre lo positivo y la concepción de justicia que el individuo tiene. En el caso de que esta discrepancia singular, no encuentre apoyo en un colectivo, el individuo que la planteo modificara la aplicación del sistema en la medida que no cambie el carácter positivo de las normas, pero si que se encuentre acorde con su moralidad. No obstante, cuando la incompatibilidad de este mismo individuo converja con las de un colectivo, llega a darse un desueto o una desobediencia civil en las normas del sistema jurídico al que hacen parte. En cualquiera de los dos casos se va a presentar una de las siguientes dos opciones un cambio de moralidad individual o social debido a lo establecido por la legalidad o moral positiva o un cambio de la legalidad o moral positiva debido a lo planteado por la moralidad individual o social. El primer caso se da en el supuesto del establecimiento de una norma que permite el abortar en ciertos caso, mientras la moral social lo niega, teniendo como consecuencia que la moral social se termina adaptando a la legalidad establecida. La eventualidad del segundo caso, tiene existencia cuando un ciudadano o individuo, lucha por imponer su juicio de justicia objetiva, contra una legalidad que puede no conllevar una idea de justicia en si misma.[7]

La validez de un sistema jurídico depende de el cumplimiento parcializado de cada uno de los elementos de la triada, dentro de cada uno de los enunciados componentes del sistema jurídico. Es preciso afirmar que dentro de este conjunto de enunciados debe encontrarse por lo menos una norma que tenga carácter coercitivo.[8] Por lo tanto la validez del sistema jurídico se encuentra dada por la justicia objetiva; el debido carácter creador y sancionador, mediante los órganos debidos; y la vigencia fáctica de cada uno de las partes del mismo. Esto conlleva a que los enunciados y en mayor medida las normas sean validas si cumplen con cada uno de las condiciones anteriormente mencionadas.[9] [10]

Cabe señalar que en concordancia con lo mencionado anteriormente, se encuentra la escuela iusfilosofica del positivismo metodológico o conceptual. Dado que acepta la existencia de principios morales y de justicia universales, que deben ser aplicados en la construcción del derecho positivo.[11] De igual manera acepta que una norma no debe ser considerada como invalida dentro de un sistema jurídico por el simple hecho de parecer injusta. Puesto que la injusticia y derogación de la norma debe ser declarada por el órgano debido.[12] Junto a la escuela iusfilosofica, se da razón a diferentes tesis teóricas como la norma fundamental de Hans Kelsen y la regla de reconocimiento de Herbert Hart.[13] De la misma forma, niega o no reconoce tesis teóricas como la planteada por Kelsen, en lo referente en la negación de todo papel en el ámbito jurídico a la justicia objetiva.[14]

Concluyamos entonces que los individuos de una sociedad, al encontrase frente a una ley justa, sienten una desinteresada obligación social. Como es de esperarse, se da una obligatoriedad moral a cumplir la norma que esta de acuerdo a la concepción de justicia de la moral social. Entretanto, en el supuesto de una ley injusta, una interesada obligación social fuerza a los individuos a cumplir la ley, apelando al temor coercitivo infundado por la misma. Como es natural, la noción de justicia otorgada por la moral social obliga a una desobediencia de la norma injusta que lleva consigo al desarraigo social de esta.

LUIS ALEJANDRO ROJAS BERNAL

BIBLIOGRAFIA

BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Editorial Temis, Bogota DC, 2007.

KELSEN, Hans. Teoría pura del Derecho. Grupo editorial Éxodo, México DF, 2007.

NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 9ª edición, 1999. pp. 10-156.

OLLERO, Andrés. “La Obligación Moral de Obedecer al Derecho”, en: Curso de Derecho y Conciencia Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Recuperado el 22 de mayo de 2010 de <<http://www.funciva.org/uploads/ficheros _documentos/1248355555_andres_ollero.pdf>>.


[1] OLLERO, Andrés. “La Obligación Moral de Obedecer al Derecho”, pp. 1-2.

[2] Ibíd. pp. 4-9.

[3] NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 9ª edición, 1999. pp. 101-113.

[4] NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 9ª edición, 1999. pp. 16-43.

[5] OLLERO, Andrés. “La Obligación Moral de Obedecer al Derecho”, pp. 4-9.

[6] Ibíd. pp. 9.

[7] Ibíd. pp. 9-16.

[8] NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 9ª edición, 1999. pp. 101-107.

[9] Ibíd. pp. 113-141.

[10] BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Editorial Temis, Bogota DC, 2007. pp. 102-130 143-154

[11] NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 9ª edición, 1999. p. 28.

[12] OLLERO, Andrés. “La Obligación Moral de Obedecer al Derecho”, pp. 2-5.

[13] NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 9ª edición, 1999. pp. 121-132.

[14] KELSEN, Hans. Teoría pura del Derecho. Grupo editorial Éxodo, México DF, 2007. pp. 49-55.