Atrévete a abrirla…

Archivo para septiembre, 2010

“No soy Teodora Bolívar”

El pasado lunes 27 de Septiembre se dio a conocer el fallo del Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, en el cual es destituida por 18 años la senadora liberal Piedad Esneda Córdoba, por presunta promoción al grupo subversivo de las FARC y por presunta colaboración en el manejo político del intercambio humanitario.

El fallo tiene como origen la investigación de los computadores incautados en la operación Fénix, en la cual fue abatido el ex jefe guerrillero de las FARC “Raúl Reyes” en Febrero de 2008. Dentro de la información encontrada, aparecen correos entre Raúl y Teodora Bolívar, en los cuales Teodora sugiere ayuda y apoya estrategias para conseguir objetivos militantes.

Dice el Procurador Ordóñez que confrontando las conversaciones, los temas tratados, los lugares y las fechas mencionadas en el material incautado, llega a concluir que “Teodora Bolívar”, la “negra” ó la “negrita” son los sobrenombres que utiliza la senadora Piedad Córdoba para efectos de comunicación con la guerrilla, pues dice él que la información ha coincidido con la agenda de la congresista. También alude al testimonio de Viktor Tomnyuur quién es un ucraniano que se infiltró en 2007 a esta guerrilla, y alcanzó tal grado de confianza en la organización que tuvo contacto directo con el comandante del Frente 30, alias “mincho”; él dijo que tenía como probar que la senadora liberal tenía nexos con la organización subversiva. El problema es que él no ha expuesto las supuestas pruebas, y el procurador no ha logrado probar que todo lo que los guerrilleros hablaban con Teodora en verdad sucediera, ni  ha probado que los mensajes de Teodora fueran enviados por la senadora, ni tampoco ha probado como la congresista obtuvo beneficios diferentes a las liberaciones de los secuestrados.

En la defensa de la Senadora, sus abogados alegan que los computadores incautados no gozaron de una cadena de custodia que garantizara la fidelidad del contenido, lo cual pone en entredicho la confianza del mismo.

La senadora Córdoba “ha sido víctima de […] múltiples persecuciones por sus tareas en materia humanitaria y de paz. […] Su vida privada ha sido destruida por la acción de la interceptación de sus comunicaciones y el espionaje del DAS”, según Iván Cepeda[1].

“La Fiscalía destapó [en el 2009] parte de lo que considera las pruebas de que en el DAS se fraguó un plan coordinado de espionaje y desprestigio a opositores [del gobierno de la época]. […]Al menos dos de los involucrados aseguran que María del Pilar Hurtado (Ex directora del DAS) dijo que la instrucción de hacer inteligencia en torno de varios ‘blancos’ venía directamente de la Casa de Nariño y que ella, personalmente, impartió y monitoreó las verificaciones que se hicieron al respecto. […] La presencia de los tres [Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Ramiro Bejarano] en el expediente llevó a la Fiscalía a concluir que el caso de Ascencio Reyes fue una excusa para espiar a opositores, magistrados, familias, bienes y abogados.”[2]

El procurador Ordóñez quién no ha demostrado la objetividad esperada, ha perdido credibilidad. Un claro ejemplo de su inevitable subjetividad, es la posición  que ha tomado frente a la situación de los homosexuales, pues influenciado por sus concepciones religiosas se ha encargado de entorpecer la garantización de los derechos que la misma constitución establece a dicho grupo social, dando interpretaciones contrarias al espíritu de la misma. Su cargo significa la garantización de lo concebido en la Constitución Política aún cuando no se esté de acuerdo con ello.

El diario El Tiempo preguntó a César Gaviria su opinión acerca de la situación de Piedad Córdoba, y su respuesta refleja la desconfianza que ha generado la subjetividad del Procurador diciendo que: “es ‘lamentable’ que se tenga que dudar de las decisiones de la Procuraduría por conocer de cierta animadversión del Procurador contra la senadora Piedad Córdoba y por conocer su orientación política.”

Hay muchas dudas acerca de la fidelidad de la decisión de destitución de la senadora liberal, ella ha sido víctima de una persecución política y ha sido una opositora radical de los dos últimos gobiernos oficiales, a los cuales el Procurador Ordóñez ha sido afín; también cabe hacer mención de la demanda que la senadora interpuso en contra del Procurador por prevaricato, pues según ella, el procurador pasó por alto las pruebas referentes al caso de la yidispolítica y dio impunidad al ex ministro Pretel y al ex ministro Palacio en el mismo asunto; además se ha puesto en tela de juicio la cadena de custodia que garantizaría la fidelidad de los documentos incautados y que supuestamente tratan la relación de Piedad Córdoba y la guerrilla de las FARC.

¿Sería esta la perfecta oportunidad para el Procurador Ordóñez cobrar venganza y transformar la persecución en una cortina de humo que aparenta que la senadora hace parte del grupo al margen de la ley?

Falta hacer una investigación minuciosa del material probatorio, para ver si en realidad el procurador Ordóñez está en lo cierto, ó retomando las palabras de César Gaviria, es por una “cierta animadversión del Procurador contra la senadora Piedad Córdoba. […]”.

[3] [4]

Juan Felipe Falla.


[1] Sectores políticos reaccionan a la destitución de Piedad Córdoba. En: El Tiempo. [En línea]. [29-Septiembre-2010]. Disponible en: < http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7996361.html >

 

[2] Clave, testimonio de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado en el caso de ‘chuzadas’. En: El Tiempo. [En línea]. [29-Septiembre-2010]. Disponible en: < http://www.eltiempo.com/domingoadomingo_eltiempo/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7658627.html#contentstyle>

[3] Procuraduría también compulsó copias a la Corte Suprema para que investigue a Piedad Córdoba. En: El Tiempo. [En línea]. [29-Septiembre-2010]. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7996101.html#opiusuarios_content >

[4] Las pruebas del Procurador contra Pierdad Córdoba. En: LA SILLA VACÍA. [En línea]. [29-Septiembre-2010]. Disponible en: < http://www.lasillavacia.com/historia/18333 >


¿Y qué piensan ellos?

El 21 de Julio del año 2009 fue expedida la ley 1335 del 2009 que tiene por objeto “[…] garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio nacional, especialmente la de los menores de 18 años de edad y la población no fumadora, regulando el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, tabaco y sus derivados […]”[1], prohibiendo así la venta al “menudeo”, y penalizando la venta de productos derivados del tabaco a menores de edad[2].

La ley empezó a regir a partir de su promulgación dando un margen de 2 años para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3[3], 14, 15, 16 y 17[4].

Un año después de la promulgación de la ley se hicieron las siguientes preguntas a una población de 20 vendedores convencionales de cigarrillos[5][6], 10 de ellos informales ó ambulantes, y 10 de ellos formales ó organizados en tiendas.

La eficacia instrumental de la norma es en la actualidad -según las estadísticas- por prohibición de venta para menores de edad y de venta al “menudeo”, nula en las tiendas y en las ventas ambulantes, ya que dentro de las disposiciones vigentes de la ley, el artículo 2 prohíbe la venta de productos derivados del tabaco a menores de edad y obliga a ilustrar un anuncio de prohibición para la venta de los mismos a menores de edad no es cumplido en estos puntos de venta; puesto que los puestos consultados no tienen los anuncios correspondientes,  -ó aunque 5 de las 10 tiendas los tenían-, los vendedores no discriminan entre menores de edad, ni mayores de edad para la venta del producto, y las autoridades no actúan para sancionar la conducta prohibida; siendo por esto alta la eficacia simbólica y nula la eficacia instrumental, pues se pretende prohibir y castigar una serie de conductas mediante una norma, pero las disposiciones no son cumplidas, ni las conductas prohibidas castigadas. En cambio la investigación en diferentes supermercados de cadena[7] arrojó que éstos cumplen a cabalidad lo dispuesto por la ley 1335 de 2009; en estos solo se venden cajetillas de cigarrillos con contenidos superiores a 10 cigarrillos[8], se exponen anuncios que prohíben venta de tabaco a menores y se hace valer pidiendo documento de identificación en caso de que se dude que el cliente es menor de edad, teniendo así armonía entre eficacia instrumental y eficacia simbólica, cumpliéndose ambas a la vez.

Según estas estadísticas la eficacia de la norma tiene una perspectiva del 80% de cumplimiento para el momento de vigencia de las disposiciones aplazadas[9]. El 60% de la población encuestada no cree en el prestigio del Estado porqué cree que los gobernantes se roban el dinero público y/ó son los mayores infractores, dentro de ella el 25% afirmó no cumplir las disposiciones cuando entraran en vigencia. Del 80% que cumplirá la ley, un 60% la cumplirá por temor a una sanción, y el 40% restante por convicción ó beneficio social. El 70% de la población encuestada aseguró que los ingresos bajarán por la prohibición de la norma, mientras que el 30% dijo que por el contrarío aumentarán. El 60% de los encuestados están en desacuerdo con la ley, y si de ellos dependiera la ley sería derogada, arguyen que en la promulgación de la ley hay intereses personales de los administradores de la justicia, y que estos últimos quieren acabar con ellos. El 95% afirmó que no se logrará disminuir el consumo del cigarrillo en general, el mismo 95% afirmó que no se logrará el objetivo de disminuir el consumo del cigarrillo por parte de menores de edad, puesto que, siempre encontrarán la forma de adquirir el producto, así como lo han hecho con el licor ó con las drogas ilícitas.

Lo anterior lleva a replantear los motivos para una futura eficacia instrumental por parte de todos los actores involucrados. Al parecer la mayoría de los vendedores  cumplirán la ley, pero ilustran el problema que podría desencadenarse de la posible solución, que es el aumento del consumo del cigarrillo a causa de la prohibición del “menudeo” y por consiguiente la obligación para los fumadores de comprar por cajetillas los cigarrillos. Teniendo así una baja eficacia instrumental real al propósito de la ley logrando un efecto contrario, y una alta eficacia simbólica, pretendiendo con la formalidad de la ley lograr el objetivo propuesto.

[10]

Juan Felipe Falla.


[1]Almacén Carulla Calle 140, Carrera 10. Almacén Éxito Calle 134, Carrera 9. Almacén Olímpica Calle 140, Carrera 12B. Romy Calle 139, Cra 9.

 

[2] Rrtículo 3, ley 1335/2009.

[3] Op. Cit 4.

[4] García, Mauricio. 1993. “Discurso y poder en el derecho”, capítulo 13 de Seminario Pensar a Foucault. Bogotá. D.C.: Instituto para el desarrollo de la democracia Luis Carlos Galán, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Social. UNAL, pp. 171-182.

[5] Ley 1335 del 2009, Art. 1.

[6] La sanción consiste en una multa de 1 salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), y hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta es reincidente.

[7] Ley 1335 2009, Art. 3,: Prohíbe la venta de presentaciones ó cajetillas con menos de 10 cigarrillos.

[8] Ley 1335 del 2009, Arts. 14, 15, 16 y 17: Prohíben la publicidad y patrocinio de marcas de cigarrillo.

[9] El espacio muestral fue comprendido por 6 vendedores ambulantes ó informales escogidos aleatoriamente en el centro de la ciudad de Bogotá, 4 vendedores informales escogidos aleatoriamente ubicados en la localidad de Cedritos de Bogotá, 5 vendedores formales escogidos aleatoriamente en el centro de Bogotá y 5 vendedores formales escogidos aleatoriamente en la localidad de Cedritos de Bogotá.

[10] Por ser ellos actores directamente perjudicados por las prohibiciones de la ley.


¡Por un avance en Brasil!

En Brasil se están  adelantando políticas de inclusión para los homosexuales y la criminalización a la discriminación de los mismos[1]; el Estado parece hacer grandes esfuerzos por reconocer dichos derechos a las personas y parejas del mismo sexo, estos se han venido reclamando por parte de los activistas LGBT pregonando el derecho a la igualdad y a la diversidad.

La discriminación homofóbica en Brasil es bastante pronunciada, por ello Tony Reis, presidente de la (ABGLT)[2], da una entrevista a Notiese[3], en donde pone de presente que este tipo de discriminación en Brasil tiene cifras muy elevadas[4], y que aunque se ha logrado desarrollar un espíritu liberal ó progresista, “también hay mucha discriminación y violencia” y que aunque por parte del Estado no reciben tratos discriminatorios[5], indica que si los reciben de diferentes grupos sociales. Cada dos días un activista LGBT en Brasil es asesinado por homofobia[6]. Reis menciona que se está discutiendo el proyecto de ley 122/2006 que busca el respeto por la diversidad, penalizando la discriminación homofóbica; para él la discriminación consiste en la educación y tiene la esperanza en que con el proyecto de ley logrará construir “un Brasil sin perjuicios”

Los movimientos LGBT[7] han visto en el derecho un elemento de transformación social en donde a la discriminación homofóbica se le de un significado negativo, logrando una progresiva modificación de los significados sociales, pues la constitución, sus leyes, el derecho y el Estado mismo tienen la capacidad de decir que está mal y que está bien, introduciendo nuevas actitudes y respuestas de los diferentes actores sociales.[8]

El proyecto de ley 122/2006 busca criminalizar:

El impedir el ingreso y la afectividad de homosexuales en cualquier lugar abierto al público; el abandono del lugar por rechazo a esas manifestaciones también será delito; impedir la promoción jerárquica o profesional de homosexuales, en cualquier nivel del sistema educativo, público o privado; impedir el ingreso de homosexuales en hoteles, moteles, pensiones, etc.; impedir la compra o alquiler de propiedades a parejas de homosexuales.[9]

Parece paradójico pensar que el Estado podrá ser omnipresente y podrá castigar cada mal pensamiento, ó la libre y natural decisión de alejarse del ambiente no deseado por una persona. Esta ley puede llegar al punto de caer en lo excesivo y absurdo, que bien, aunque busca proteger a los homosexuales y crear un precedente de respeto para ellos, denota un gran formalismo jurídico muy poco posible de materializar[10]. Esto trae a acotación el “fetichismo jurídico” propuesto por Lemaitre[11], que consiste en la aspiración de que “los derechos, independientemente de sus efectos significan tanto una equivalencia plena entre homosexuales y heterosexuales como al rechazo a la violencia porque los derechos crean la normalidad a la cual se aspira”[12] y “el lenguaje de los derechos brinda profundos significados morales que van en contravía con la tradición”[13], pudiendo así por medio de este cambiar las actitudes sociales.

El derecho parece tener una autonomía relativa, como la propuesta por Lemaitre[14], pues esta inclusión estatal consiste en el desplazamiento de las luchas políticas a un campo aparentemente neutro, en el cual se crea la esperanza de un cambio que materialmente no es muy palpable [15] [16], y aunque los grupos sociales son conscientes de ello, creen que la carga emocional que promueven el derecho y las leyes, les dará con el tiempo los derechos que buscan.

El derecho puede ser el remedio a las posibles sublevaciones contra el Estado; valiéndose de la aparente inclusión él puede controlar y mantener viva la creencia  y necesidad de los ciudadanos para poder seguir manteniendo su hegemonía, aprovechando las problemáticas sociales suscita un aparente aire de solidaridad e inclusión, pretendiendo con el mero formalismo ó simbolismo jurídico calmar las posibles pretensiones peligrosas en contra de él. Este método sigue siendo de dominación política, aunque así como quiénes están en el poder, los que están supeditados a él pueden utilizar las disposiciones creadas para su provecho y de vez en vez para la materialización de esos derechos.[17] Las disposiciones creadas para los movimientos LGBT no escapan de esta realidad, pues el Estado cambia el lenguaje utilizado por los protestantes por uno más formal y menos contestatario como el de los derechos humanos, abriéndoles espacio para mantenerlos bajo su poder evitando que estos se alcen brutalmente en contra de él quitándole legitimidad ó creando un conflicto incontrolable que le lleve a la crisis.[18]

Juan Felipe Falla.


[1]Tony Reis dice en una entrevista a Notiese que: “En 2003, parejas extranjeras del mismo sexo que viven en unión estable comprobada tienen el derecho de inmigrar a Brasil. Desde 2005, Providencia Social reconoce los mismos derechos a las parejas del mismo sexo como para las parejas heterosexuales. Hoy día, 112 ciudades y 12 provincias tienen leyes que prohíben la discriminación por orientación sexual”.

[2] Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales.

[3] Bastida, Leonardo. En Brasil la lucha contra la homofobia continúa. En Agencia de noticias NotieSe [En línea] [10/09/10]. Disponible en: <http://www.notiese.org/imprimir_popup.php?ctn_id=2882>.

[4] El estudio realizado en el 2008 por la Fundación Perseu Abramo, dice que el 99% de personas tienen perjuicios en contra de los homosexuales; y otro realizado por la UNESCO en la que indica que el 40% de los adolescentes no desean un miembro LGBT en sus clases.

[5] Aunque reconoce que existe homofobia en algunos ministerios,  pero dice que aún así han logrado grandes avances.

[6] Brasil: tres mil personas piden aprobar el matrimonio gay y acabar con la homofóbia. En: Deambiente.com. [En línea] [10/09/10].  Disponible en: <www.deambiente.com>

[7] Todos los países han tenido avances en materia de derechos para los homosexuales. El caso más reciente y emblemático ha sido la aprobación del matrimonio de parejas del mismo sexo en Argentina, que fue el primer país latinoamericano en aceptarlo (Julio de 2010).

[8] Lemaitre, Julieta. 2009. El derecho como conjuro. Bogotá: Uniandes y Siglo del Hombre. Capítulo V: Legalismo Feminista.

[9]Brasil: La ley mordaza pro-gay. En: Liberdade de Expressão. [En línea] [10/09/10]. Disponible en:

< http://liberdadedeexpressao.multiply.com/journal/item/34>

[10] Pero el gran formalismo jurídico no excluye que en cierta medida se pueda hacer con algunas acciones jurídicas, es decir un mínimo de eficacia material.

[11] Op. Cit 8.

[12] Lemaitre, Julieta. 2009. EL AMOR EN TIEMPOS DE CÓLERA: DERECHOS LGBT EN COLOMBIA. En: sur, revista internacional de derechos humanos, Edición: 11. Pág 88.

[13] Op. Cit 8. Pág 198.

[14] Lemaitre propone que el derecho tiene cuotas de opresión y liberación. De opresión porqué el Estado se vale de él para mantener su hegemonía con interpretaciones convenientes para él, pero también dice el derecho puede ser autónomo porqué tiene cuotas de liberación que permite a los subordinados valerse de las disposiciones creadas para materializar sus derechos.

[15] Op. Cit 8. Pág 26-27.

[16] Esto se puede ver por el bajo índice de eficacia de las disposiciones por él promulgadas.

[17] García, Mauricio. 1993. “Discurso y poder en el derecho”, capítulo 13 de Seminario Pensar a Foucault. Bogotá. D.C.: Instituto para el desarrollo de la democracia Luis Carlos Galán, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Social – UNAL, pp.171-182.

[18] Op. Cit 8.


Un verdadero redescubrimiento

Ruta pacifica es un movimiento feminista que busca ratificar los derechos de la mujer como una de las tantas víctimas dentro del conflicto colombiano[1], pero, al igual que Julieta Lemaitre Ripoll, han sido tocadas por una realidad consternada y contradictoria, permitiéndoles abstraer la gran paradoja inscrita dentro de nuestra dimensión colombiana: ¿Por qué en un país progresista en materia jurídica, como lo son los derechos sociales, al mismo tiempo que se promulga una ley que impide la violencia[2] en contra de las mujeres, esta misma incrementa en la realidad colombiana?

Para esto Ruta pacifica nos demuestra cómo después de la promulgación de la Ley 1257 de 2008 que sancionaba todo acto de violencia en contra de la mujer, contrariamente a las expectativas, incrementaron los “feminicidios”[3] , ya que en el 2009 hubo 1.235 casos, según el Instituto de Medicina Legal, lo cual es 216 más que el año anterior; también en el 2009 hubieron 15.418 dictámenes sexológicos mientras que en el 2008, 3.354; y en cuanto a la violencia intrafamiliar en el 2009 hubo 44.141 casos mientras que en el año anterior hubo 42.570.

Todas estas cifras lo que demuestran es que esta paradoja concebida por ellas, no sólo es ficción, en cuanto a que es un fenómeno palpable y empírico, que nos permite darnos cuenta que a medida que se está avanzando en el campo jurídico, en la lucha del reconocimiento de los derechos de muchos movimientos sociales, también se está dando un aumento del desconocimiento e ineficacia material de estas normas.

Pero si esto es así, la pregunta que nos sigue en nuestra reflexión es: ¿Qué sentido tiene mantener la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer y de otros sectores minoritarios en la sociedad, dentro de un ámbito jurídico, que materialmente no está produciendo resultados?

La respuesta a esta pregunta la encontramos en el litigio estratégico hecho por Mónica Roa, dando como resultado la sentencia C-355 del 10 de mayo del 2006 donde se despenalizó en tres casos el aborto, pero ¿Por qué fue tan importante si lejos de ser una sentencia radical fue un simple reconocimiento de tres excepciones en casos específicos, donde el aborto en sí sigue siendo un delito?,  pues bien su importancia está dada por el mensaje que trasmite, un mensaje de liberación.

Este mensaje nos muestra como este movimiento social ha redescubierto la forma de concebir y utilizar el Derecho, pues en vez de ser pensado como un instrumento de opresión de las clases oligarcas desde una concepción marxista, como antes se hacía. Ahora se piensa en él como un instrumento de cambio y emancipación, que mediante el uso de significados transmite un mensaje simbólico[4], tanto a los movimientos sociales como a las personas integrantes de la sociedad, pues cambia las percepciones de todas ellas. Dado que por un lado transforma la percepción que las mujeres tienen de sí mismas, ya que antes el mensaje que trasmitía el Derecho a las mujeres era de autodegradación, situándolas dentro de la sociedad como ciudadanas de segunda, o como instrumentos meramente necesarios para la procreación[5] y mantenimiento de una sociedad totalmente patriarcal, pero ahora mediante el mismo Derecho que antes las oprimía, y desde una concepción renovada de este, se está empezando a originar una apropiación del mismo por parte de los movimientos sociales, que ha sido denominada como “fetichismo jurídico”[6] por Julieta Lemaitre. Por el otro lado, también  se transforman las percepciones que tienen los demás integrantes de la sociedad sobre ellas, pues de alguna manera se empieza a aceptar a la mujer como un sujeto integro y activo de la misma.

Este fetichismo jurídico permite que los movimientos sociales, como ya he dicho, se apropien de las herramientas que el Derecho ofrece para objetivizar un mensaje de cambio, en este caso un mensaje de liberación del sistema patriarcal por parte del movimiento feminista, que a su vez permite que los actos de violencia ya no sean concebidos como algo normal y que en consecuencia no queden impunes. Así, las mujeres empiezan a concebir sus propios derechos a la dignidad y autonomía, dentro de una sociedad que antes las consideraba inferiores, y esto se puede ver en nuevos slogans, como “Personas libres, Estados laicos. Ni de la Iglesia, ni del Estado. Mi cuerpo es mío, y yo decido”, que abren el comienzo de una nueva época, usando el Derecho como herramienta de emancipación.

Juan Miguel Jiménez R.


[1]ruta pacifica. (s.f.). Recuperado el 10 de saptiembre de 2010, de http://www.rutapacifica.org.co/home.html

[2] En este articulo trabajare la violencia no sólo como una forma física de daño, sino como cualquier forma de agresión, discriminación e inclusive acción que conlleve a una denigración hacia la mujer, por parte de particulares tanto como de actores estatales y jurídicos.

[3] Son asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres.

[4]Villegas, M. G. (1993). Pensar a Foucault. En M. G. Villegas, Discurso y Poder en el Derecho (págs. 171-182). Bogota: Instituto Para el Desarrollo de la Democracia.

[5] Corte Constitucional, sentencia C-647 de 2001, citada en C-355 de 2006.

[6] Lemaitre, Julieta. 2009. El derecho como conjuro. Bogotá: Uniandes y Siglo del Hombre. Capítulo V: Legalismo Feminista.


La Fachada Legalista

Es el Derecho un instrumento de opresión o de liberación en Venezuela?

Esta historia comienza el 9 de Noviembre de 2003 con el programa 171 de Aló Presidente. En esta ocasión dijo el presidente:

Sin la participación activa de los cuatro canales de televisión privados, valga decir: Globovisión, Venevisión, Radio Caracas Televisión y Televen, si ellos no hubieran participado activamente en la planificación, en la conducción del golpe de Estado de abril no habría ocurrido aquí lo que ocurrió.

…Ahora, yo les advierto, una vez más lo hago, no tomen esto como ninguna amenaza. No. Lo hago con respeto y en cumplimiento de mi obligación…

…En el momento en que se pasen la raya de la ley serán cerrados indefectiblemente para asegurarle la paz a Venezuela… yo no puedo permitir como presidente de este mi país, y como Jefe del Estado, sería una grave irresponsabilidad mía…

Tres años después, esta “no-amenaza” se hizo realidad cuando el presidente Hugo Chávez se negó a renovar el contrato de concesión de frecuencia de Radio Caracas Televisión (para entonces el segundo medio televisivo más popular del país) que según sus declaraciones vencía el 27 de Mayo de 2007 a pesar de que los directivos de la compañía argumentaban que el vencimiento era para el 2021. La decisión la justificó en que durante el fallido Golpe de Estado de 2002, RCTV había cubierto al gobierno de facto e ignorado las marchas de protesta que apoyaban a Chávez.

Este acto, que desató una ola de protestas en todo el país y el desapruebo unánime de los organismos internacionales, marcaría la pauta para las siguientes actuaciones del gobierno destinadas a censurar la prensa y a obligarlas a hacer parte de su causao: una censura legitimada en tecnicismo jurídicos y en la gran base popular que apoya al presidente.

Esto queda manifiesto en las declaraciones del presidente Chávez en su programa televisivo cuando argumentando su responsabilidad como Jefe de Estado promete castigar a quien pase la raya de la ley; y es confirmado con el modus operandi del cierre de RCTV que tuvo una fachada legalista, al punto que el entonces Ministro del poder popular para la Comunicación y la Información, Willian Larra dijo en una rueda de prensa del 28 de Mayo de 2008 que se trato “una decisión soberana, legítima, ajustada armónicamente al Estado de Derecho interno venezolano y en línea con el Derecho Internacional”*.

Estas declaraciones se realizaron en un contexto bien peculiar: un año después del polémico cierre de RCTV, el ministro hacía una denuncia contra Globovisión por haber trasmitido un vídeo donde se mostraba el ataque al papa Juan Pablo II acompañado de las letras musicales de Tengan fe que esto no se acaba aquí. El ministro acudía al perito de semiólogos y analistas en comunicación masiva para argumentar que se trataba de manipulación mediática para asesinar al presidente Chávez. Nuevamente, el perito y lel discurso de la seguridad nacional son pruebas de la estrategia de censura con fachada legal implementada por Chávez.

Pero la historia no termina aquí.

Luego del cierre de RCTV, RCTV Internacional fue su heredera y logró mantenerse como tal, siempre en  la oposición, hasta el 22 de Febrero de 2010 cuando el gobierno de Chávez en figura de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la retiró una vez más de la oferta televisiva argumentando que por trasmitir un 94% de televisión nacional debería atenerse a la regulación interna, es decir, está obligada a unirse a las cadenas presidenciales, a trasmitir el himno nacional tres veces por día y a no difundir telenovelas en la tarde. Nótese una vez más, la fachada legalista que disfraza el discurso de censura.

Ante esta decisión, RCTV Mundo surge esta semana con un 29% de contenido nacional para ser la segunda heredera de la desaparecida RCTV en 2007. Por ahora, la ley parece estar de su lado, pero no dejan de ser reveladoras las declaraciones de Marcel Granier, presidente de las Empresas 1BC, que luego de aseverar que no hay limitación legal alguna a la nueva RCTV Mundo, no descarta que el Gobierno les salga “con alguna ocurrencia”.

El final de esta breve historia fue un polémico fallo judicial que prohibió al diario El Nacional, la publicación de unas imágenes de un número de muertos amontonados y empilados uno encima de otro en una morgue de Venezuela argumentando todos los medios de comunicación  “deben abstenerse de realizar publicaciones de imágenes violentas, sangrientas, grotescas, bien sea de sucesos o no, que de una forma u otra vulneren la integridad psíquica y moral de los niños“. Al respecto el presidente Chávez se pronunció así: “El país pide respeto”, “Hay un manejo politiquero y pornográfico del tema de la violencia y la criminalidad“.

Lo que se deriva de todos los episodios de esta reconstrucción histórica de la censura de prensa en Venezuela es que el gobierno Chávez ha optado por una estrategia bastante más elaborada que su burdo y paranoico discurso de antiimperialismo “yanqui”. Cuando se trata de prensa, él es consciente del poder de los medios de comunicación sobre el pueblo venezolano y por tanto decide camuflar sus actuaciones con expresiones como la ley, el Estado de Derecho o los derechos de los niños.

Todo esto viene a responder a la pregunta de este artículo: el Derecho sí ha servido como herramienta de opresión para lo fines autoritaristas y dictatoriales del presidente Hugo Chávez. No sólo para hacer efectiva la voluntad del presidente en las diferentes leyes y fallos judiciales recientes sino para además generar un ambiente de inseguridad y un “miedo” generalizado en la conciencia de periodistas y civiles sobre las consecuencias de decir algo “imprudente”**.

Julián Niño

Continúa el debate…

Como una invitación a una futura discusión vale la pena mencionar que el Derecho per se no puede ser catalogado como una herramienta de opresión o como un medio de emancipación. Esto lo argumento poniendo como ejemplo el caso colombiano: hace un par de semanas, en cabeza de la senadora Clauda Wilches del partido de la U, surgió una iniciativa bastante similar a la venezolana para censurar las portadas de los principales diarios del país argumentando los derechos de los niños en Colombia. No pasó si quiera un día para que las principales emisoras radiales (Caracol Radio, La W y la FM), los diarios más prominentes y personalidades públicas salieran en voz de protesta con tal ímpetu, blandiendo su derecho a la libre expresión, que para las ocho de la noche (en el programa de Hora Veinte de Caracol Radio, dirigido por Néstor Morales) ya hablaban del “aborto prematuro” del proyecto de ley.

De modo que la discusión teórica sobre si el Derecho es una herramienta de opresión o un medio de liberación es una discusión estéril porque el Derecho no existe abstraído de un contexto social, sino que por el contrario está incrustado en él, de modo que hablar del papel del Derecho es hablar del ambiente social, político, económico y cultural que lo enmarca.

* http://minci.gob.ve/noticias/1/14030/ministro_willian_laraormaliza.html

** Nótese la similitud con la tipología de García Villegas sobre efectividad instrumental y simbólica de un Derecho, que en este caso es un derecho opresor.

*** Las fuentes de la información periodística son los diarios El Mundo y El Espectador. Las citas del programa de Aló Presidente pueden encontrarse directamente desde el buscador de Google bajo el nombre “programa 171 aló presidente”.


Para que existan los crímenes se necesitan victimas…

Las ejecuciones extrajudiciales en manos de gobiernos estatales, han llegado a convertirse en una practica de violencia material reiterada a través de la historia. Algunos ejemplos de lo anterior, son los casos de Argentina y de Colombia. Durante  la dictadura militar (1976-1983) en Argentina, se realizaron miles de desapariciones y asesinatos de personas, que no estaban de acuerdo con el régimen y el gobierno del momento; estos hechos han sido denominados por la historia como la “guerra sucia”[1]. En Colombia aproximadamente desde el año 2005 con la autorización de la resolución 029, hasta el año 2009 con el escándalo de los jóvenes de soacha, las fuerzas publicas cometieron mas de 2000 homicidios a civiles[2]. Asesinatos que fueron calificados bajo el eufemismo de “falsos positivos”.[3]

En los anteriores delitos de lesa humanidad, va a encontrarse centrado mi análisis sobre las funciones del derecho en las victimas. A mi parecer, es preciso realizar una división temporal de la historia de los mismos, para lograr entender de un manera menos complicada las diferencias en el uso del derecho en cada una de las dos etapas.

La primera etapa es propia del momento histórico en el cual se estaban cometiendo los diversos delitos en cada uno de los países. En esta fase algunos de los actores sociales que detentaban el poder, utilizaron el derecho bajo un margen de legalidad, como sistema conservador de las diferencias sociales (de acuerdo a la teoría marxista). Este poder era el atributo mediante el cual las fuerzas hegemónicas, ya fueran militares o dirigentes políticos, de una manera indiscriminada interpretaban las leyes, de tal forma que los beneficios económicos y sociales estuvieron siempre a su favor.

La segunda etapa es aquella que ocurrió después que los crímenes hubieran sido realizados. En este periodo diversos actores sociales, en la mayoría de casos  relacionados con las victimas, le dieron diversos usos al derecho. En cuanto a estas funciones es preciso mencionar tres, que fueron de gran importancia para la diversos grupos de activismo social, que de diversas maneras le han dado al derecho un carácter de fetiche jurídico. En primera instancia el derecho le aporto a los activistas un lenguaje en común, el lenguaje de los derechos humanos. En segundo lugar el lenguaje del derecho le dio una cohesión a los diversos activistas, lo que permitió la creación de movimientos sociales. Por ultimo los movimientos sociales, mediante el lenguaje del derecho tuvieron un marco institucional en el cual realizar sus reclamaciones contra los actores hegemónicos. Tales son los caso de dos movimientos en especial, la Asociación Madres de Plaza de Mayo y de las Madres de Soacha. El primero de estos grupos desde finales de los 70´s  y durante los años 80´s, protestó de manera constante en los diversos tribunales de derechos humanos de la comunidad internacional, pidiendo la judicialización de los responsables de los crímenes cometidos contra sus familiares[4].  El segundo de los grupos es el de las Madres de Soacha, quienes desde principios del 2009, ayudadas por Amnistía Internacional y por Human Rights Watch, han realizado diversas demostraciones y peticiones, por la aplicación de justicia en los crímenes en los que sus hijos fueron asesinados.[5] En estos dos ejemplos podemos ver como el derecho se ha convertido en  una herramienta de transformación social, que tiene como finalidad un mundo mas igualitario y libre.

Como conclusión, puedo proponer que en cuanto a lo que se refiere al derecho de las victimas. En una primera instancia, el derecho ha servido como mecanismo de control social para los grupos hegemónicos. En una segunda fase ha servido como herramienta de cambio social para los grupos contragemonicos defensores de los derechos humanos. En esta segunda instancia, sobre todo en el caso argentino, podemos ver como la Asociación Madres de plaza de Mayo en un contexto actual, ha convertido el derecho en un instrumento de defensa para todos los “oprimidos”. Por todo lo anterior, las funciones del derecho en los casos de victimas han sido antagónicas.

LUIS ALEJANDRO ROJAS BERNAL


[1] Sánchez, L. W. (2009). The evolution and contribution of Las Madres de Plaza de Mayo. En L. N. Sousa, Latin America Issues and Challenges (pp. 97-112). New York: Nova science publishers.

[2] watch, H. r. (27 de agosto de 2009). Colombia debe investigar masacre en departamento sureño. Tomado 12 de septiembre de 2010 de Human rights watch: http://www.hrw.org/es/news/2009/08/27/colombia-debe-investigar-masacre-en-departamento-sure-o

[3] Garavito, C. R. (2009). Violencia, legalismo y fetchismo: el desciframiento de la paradoja colombiana. In J. L. Ripoll, El derecho como conjuro (p. 17). Bogota: Siglo del Hombre Editores.

[4] Sánchez, L. W. (2009). The evolution and contribution of Las Madres de Plaza de Mayo. In L. N. Sousa, Latin America Issues and Challenges (pp. 97-112). New York: Nova science publishers.

[5] Europea, P. E. (n.d.). Madres de Soacha – Activistas colombianas. Tomado el 12 de septiembre de 2010 de Amnistia internacional: http://www.es.amnesty.org/presidencia-europea/casos/las-madres-de-soacha/


“¿Opresiòn o Cambio? “

Plantear que el derecho es un instrumento empleado para continuar la opresión y subordinar a las  clases por parte de una clase hegemonica como lo planteo Marx, sosteniendo que es una verdad que perdurara en el tiempo, resulta bastante contra producente a la hora de debatir si el derecho constituye un mecanismo para el cambio o es como tal una herramienta para la opresión, dado que una afirmación como esta lleva a radicalizar las posturas en contra o a favor, en lugar de estimular un estudio del impacto que tiene el derecho en la sociedad de nuestros días.

Ejemplos como los de la comunidad LGBT en Colombia, que encuentran en el derecho una herramienta para cambiar su situación de discriminación y violencia, o el de muchos discapacitados que acuden a los jueces para que sus derechos no se vean violados a causa de un condición física o mental, podría hasta cierto punto demostrar que el derecho constituye de acuerdo a su uso un mecanismo para cambiar situaciónes de vulnerabilidad.

Ejemplo de este uso también lo encontramos en  un grupo de mujeres indígenas ñhañhu en Querétaro México[1], que acudieron  a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para denunciar su precaria situación. En la medida que no contaban con alumbrado público ni  con mecanismo alguno para acudir a  servicios de higiene personal, por que años atrás fueron  ubicadas por el estado en una plaza pública sin las condiciones mínimas para poder habitarla. Ubicación que fue realizada con el fin de no convertir la ciudad en una “plaza publica”.

Con esto, la respectiva comisión se comprometió a enviar un funcionario de la institución para prevenir así los abusos y atender las demandas de este sector marginado. De esta manera se consiguiendo que el secretario de gobierno municipal se reuniera con las mujeres para entender personalmente sus peticiones, logrando un compromiso directo por parte de las autoridades con las necesidades de estas mujeres.

De igual manera el derecho se presta dependiendo de su uso, tanto para ser una herramienta de opresión y control, como para producir cambios sociales en la medida que sirve para conectar las necesidades propias de la población con las autoridades. Ejemplo[2] de este uso del derecho está en el compromiso que logro una comunidad de indígenas de santo Domingo Yosoñama con las autoridades para solucionar un conflicto agrario donde están involucradas unas 800 hectáreas. Compromiso que se logro cuando un visitador de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca libero 25 rehenes indígenas que estaban secuestrados como consecuencia de la exigencia que hacia un sector en conflicto para que las autoridades solucionaran el conflicto agrario.

Otro ejemplo en el cual se manifiesta las capacidades que posee el derecho para cambiar una realidad social está en la conformación de los ronderos indígenas en Perú[3], que ante una constante marginalidad por parte del Estado, acudieron por iniciativa propia a organizarse de manera lícita y bajo el amparo del derecho, para contrarrestar la problemática de seguridad en su diferentes regiones. Además de tomar estas medidas en manos propias, muchas comunidades acudieron a la  Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios de la OIT[4], con el propósito de manifestar sus problemáticas de educación y salubridad, a la cual esta respondió de manera tal que el estado peruano se comprometió a dar salida a las necesidades de las comunidades indígenas afectadas.

Esta liberación se dio en la medida que el derecho en este momento sirvió para conectar las demandas de la comunidad y determinados sectores con las autoridades, ya que se estableció una mesa de diálogo para poner sobre la mesa las verdaderas demandas y necesidades involucradas en el conflicto agrario de esta región.

Por lo tanto la interpretación que se hace del derecho como instrumento de acuerdo a su uso puede ser muy variada dependiendo del sector que emplee el derecho. Pueden existir sectores que usen el poder simbólico[5] que tiene el derecho para incitar y promover el cambio social, como pueden existir sectores que reconociendo la capacidad que tiene el derecho para instaurar una determinada visión o concepción de la vida lo utilicen como mecanismo de opresión y dominación. De manera tal que no se puede generalizar en cuanto a las características y finalidades mismas del derecho como mecanismo o instrumento, dado que su operación y  finalidad varía de acuerdo del sector que recurre a él como herramienta.

JUAN PABLO VARGAS SERRANO


[1] El universal.com.mx desplazan otomíes por “afear” la ciudad.12 agosto 2010

[2] El universal. Com.mx liberan 25 indígenas retenidos. 12 agosto 20010

[3] Fundación De Las Rondas Campesinas. http://www.cunarc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=192%3Apronunciamiento-sobre-las-observaciones-de-la-oit-al-estado-peruano&catid=1%3Alatest-news&Itemid=1

[4] PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA OIT AL ESTADOPERUANO http://www.cunarc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=192%3Apronunciamiento-sobre-las-observaciones-de-la-oit-al-estado-peruano&catid=1%3Alatest-news&Itemid=1

[5]García Villegas, Mauricio. Discurso y poder en el derecho. Cap 3