Atrévete a abrirla…

Archivo para agosto, 2010

La violencia, otro de los desplazados…

Tomado de El Tiempo. Autor: Matador.

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Ignorancia, ignorancia…

Tomado de El Tiempo. Autor: Matador.


“CemeNNterio”

Tomado de Semana. Autor: Vladdo.


El drama mexicano

Tomado de El Espectador. Autor: Betto.


¿Desarrollo?

Foto sacada de www.canaldenoticias.com.

El conflicto armado colombiano:

Después del carro bomba en la carrera séptima en el edifico Caracol, el día 12 de agosto de 2010. Caracol noticias publicó el día 27 de agosto, una serie de pruebas que establecían que se había frustrado un plan de las FARC para realizar un atentado el día de la posesión del actual presidente, Juan Manuel Santos, dentro del cual estaba planeado el carro bomba que estremeció la tranquilidad y la rutina, cinco días después de la posesión.

Ahora se hizo público que tres días antes de la posesión del presidente la policía logró frustrar gracias a un informante, lo que iba a ser un atentado en medio de la posesión del presidente, pero lo impactante del asunto es que Caracol noticias reveló una serie de comunicados, donde se demostraba el apoyo a las FARC del grupo ETA y de “países vecinos”. Dentro del reporte se informaba que los implicados se habían apostado en una casa en el centro de Bogotá armados con 5 cañones, 18 lanza granadas y 250 fusiles. Un lugar idóneo para amenazar lo que fue el escenario de la posesión, el Batallón Guardia Presidencial, el Capitolio y la Casa de Nariño.

Foto sacada de http://www.admundo.com.

Estos dos sucesos reflejan la triste realidad del país, por lo que cabe reflexionar sobre ciertas preguntas que aunque sé que están a disposición de todos, no quedaran respondidas de manera fácil y menos aun, espero que sigan mi posicionamiento. Preguntas importantes y que todo colombiano debe hacerse, estas son: ¿Por qué tras innumerables anos de violencia y generaciones perdidas, el conflicto colombiano no llega a un fin?, ¿Cuáles son las causas del conflicto?, ¿Por qué se mantiene? Y por ultimo una pregunta que todo colombiano se ha preguntado o se preguntará, ¿Qué papel juega cada persona dentro del conflicto?

Pues bien, en este articulo reduzco el ámbito de mi posicionamiento a las dos primeras preguntas, ya que la tercera solo la hago de manera introductoria para cada persona.

Es un hecho que el Estado colombiano no goza de la soberanía, ni del monopolio de la fuerza colombiana, ya que existen grupos al margen de la ley que disputan con el Estado la calidad de gobernar en ciertos lugares, pero ¿Por qué tras tantos años de conflicto armado, no sólo con las guerrillas, sino guerras que han manchado de sangre el territorio colombiano, como la época de la violencia, Colombia no ha tenido un minuto de paz?, pues bien mi posicionamiento sobre la causa de estas luchas es que en todos estos años de violencia, donde ni una sola generación colombiana ha conocido la paz, ha habido un proceso oculto a los ojos de todos nosotros y es la “negociación” de  la soberanía, como diría Charles Tilly. Soberanía indispensable para asegurarnos nuestra propia seguridad social y el progreso, encaminado a lo que se llamaría “modernización”, nuestra propia forma de modernización.

Las teorías de Charles tilly y Hermann Heller, me permiten explicar el proceso que después de tanto tiempo no hemos podido alcanzar.

Heller y en alguna medida tilly, nos muestran como los estados que ahora son “modernos”, o así llamados por ellos mismos por tener ciertas condiciones de las que carecemos, como el monopolio de la fuerza y la soberanía, en especial,  han llegado a ser lo que son debido a la guerra. Esta es el principal autor de la reunión y legitimación del Estado europeo, pues antes existía el Estado estamental donde pululaba la inseguridad debido a la pluralidad de actores privados que como tal dominaban los poderes de imperium, pero debido a esta misma inseguridad tanto para los reyes, nobles y plebeyos, se dio un centralización de los poderes para así evitar guerras dentro de las esferas locales y trasladarlas a esferas exteriores, esta centralización progresiva originó un encadenamiento de instituciones que aparecerían, como la burocracia, el ejercito único, pues antes se consideraban como ejércitos mercenarios, el monopolio del poder y la fuerza, y por tanto la soberanía. Este proceso se dio hasta llegar a los Estados que actualmente conocemos.

Pero ¿Por qué nosotros no hemos podido tener el mismo proceso de modernización?, ya que después de tantos años se nos sigue llamando tercer mundistas o subdesarrollados, o será que ¿hay otra manera de modernización que debemos descubrir?, una para Latinoamérica.

Pues bien, tilly nos muestra como a causa de los países modernos nosotros no hemos tenido un proceso de modernización, pues la constante intervención de estos hace que nuestros intentos de procesos sean inútiles. También nos muestra como esta negociación que se debía haber dado no ha concluido, pues primero que todo; la inexperiencia en la forma de gobernar después de la independencia ha conducido a la guerra y segundo; un tiempo después tras las intervenciones de los países desarrollados y más aun en la guerra fría, ellos nos “regalaban” la soberanía de nuestro propio territorio al alinearnos frente o con algún bloque. Pero esta soberanía en realidad aunque eficaz, no era legítima pues el mismo pueblo no ha negociado su seguridad con el Estado, sino que este ultimo solo por las armas y la imposición ha logrado en su gran mayoría soberanía. Por este hecho es que los atentados y el conflicto armado colombiano reflejan la falta de soberanía a causa de lo ya explicado, además de los intentos de negociación con el Estado para lograr nuestra propia modernización, pues no podemos seguir dependiendo de la modernización de otros y la intervención, ya que nunca consolidaríamos nuestros propios estados dentro de nuestros propios paramentaros de modernización, porque no es un secreto que nosotros hemos estado viviendo un proceso muy distinto al de los países europeos. Pero podemos estar seguros que lo que resulte de ello, por malo o por bueno que venga, va a ser nuestro.

Juan Miguel Jiménez R.


Déjà Vu

Tamaupilas, estado del noreste de México que comparte frontera con el Estado de Texas, presenció el pasado Viernes 28 de Agosto un atentado con carro bomba frente a las instalaciones de Televisa, uno de los más reconocidos medios de información mexicano.

Les suena conocido? Un carro-bomba, frente a las instalaciones de un medio de comunicación nacional. Qué tal esto?

El pasado 21 de Agosto asesinaron a Jorge Luis Murillo Espinosa, Director de los Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública, ente encargado de la definición y ejecución de estrategias de seguridad federal en México. El señor Murillo era el sucesor de Rafael Gaxiola Peñuelas, que el 17 de Noviembre de 2009 fue víctima de un atentado del cual salió con vida pero escasamente pues las heridas que le proporcionaron en su columna lo mantienen en vigilancia médica continua.

El pasado 25 de Agosto fueron hallados 72 inmigrantes sin vida en un rancho en Tamaupilas, el mismo estado donde se presenció el atentado con carro bomba. La masacre es atribuida al grupo de narcotraficantes Los Zetas. El hecho se convirtió en el epicentro de las noticias internacionales y de la censura de organizaciones defensoras de los derechos humanos. De los 72 inmigrantes ya han sido identificado 31 y la tesis que manejan las autoridades es que se tratan de inmigrantes que buscaban cruzar la frontera y habiendo pagado su “pasaje” a los “coyotes” fueron asesinados.

Curiosamente, el 27 de Agosto, el fiscal encargado del caso de los 72 inmigrantes asesinados, Roberto Javier Suárez, fue hallado muerto en la carretera San Fernardo-Mendez.

Ese mismo día fueron hallados 15 muertos en el kilómetro 358 de la Autopista del Sol, al sur de la ciudad turística de Acapulco. Otros dos en la vía Acapulco-Zihuatanejo. Y otros cuatro en el peaje de cobro de Metlapil, ubicado en uno de los accesos de la ciudad de Acapulco. Todos ellos con las mismas características, amordazados de los pies, con las manos hacia atrás, los ojos vendados y acompañados de carteleras cuyo contenido no fue divulgado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil que se limitó a decir que se trataban de mensajes de amenazas entre las bandas Los Zetas y del Golfo, que actualmente libran una cruda guerra por el control del narcotráfico en la zona.

Aunque parezca increíble, el mismo día, la Fiscalía halló nueve cuerpos calcinados en la carretera que comunica a Chihuhua y a Ciudad Juárez. Y apenas unas horas después en esta última ciudad, fueron asesinados dos agentes federales, de modo que se suman 26 asesinatos de agentes federales en lo que va corrido del año y se adicionan a los 1.860 asesinatos del presente año en Ciudad Juárez, ciudad de 1,3 millones de habitantes y escenario del enfrentamiento entre el cartel de Juárez y de Sinaola.

El pasado 14 de Agosto, Monterrey, luego de un enfrentamiento entre Ejército Mexicano (que vale la pena mencionar, fue incorporado en la guerra contra el narcotráfico desde hace unos años en que la situación llegó a niveles extremos y la policía se vio incompetente para asumir la lucha) y “narcos”, en el que se dio de baja a alias “El Sonrics” presunto líder de Los Zetas, trece de las principales vías de la ciudad fueron bloquedas con vehículos que fueron robados por miembros de este cartel. El acto se suma a los numerosos narcobloqueos que ha presenciado la ciudad de Monterrey.

En lo que va corrido de este mes, el gobierno de Barack Obama ha aumentado el número de oficiales en la frontera en 2.700 hombres y el pasado 14 de Agosto anunció un aporte de 600 millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico, todo ello como parte integral del Plan Mérida suscrito el 30 de Junio de 2008 entre el gobierno Bush y varios países de Centro América con objetivos bastante similares a los del Plan Colombia.

El 2 de Agosto se destapó un escándalo de corrupción que involucraba a la directora del Penal Número Dos de Durango, México y al subdirector y jefe de guardias. Se trataba nada más y nada menos que el trío de responsables de las salidas nocturnas de reclusos, miembros de Los Zetas, que usando armas proveídas por el trío saldaban cuentas pendientes asesinando a varios civiles en Torreón y luego volvían al amanecer a sus celdas como si nada hubiera pasado.

El mes pasado, el 24 de Julio, miembros del cartel de la Línea vistieron de policía a un civil, le dispararon y lo dejaron agonizante en medio de una calle de Ciudad Juárez. Cuando las autoridades y un par de ambulancias se acercaron, detonaron un carro con 10 kilos de explosivos.

El 28 de Junio, a sólo seis días de las elecciones locales, el candidato preferido a gobernante del Estado de Tamaupilas, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado a plena luz del día por un grupo de sicarios que se disfrazaron de miembros de la Marina.

Podría seguir el rastro periodístico de la lucha contra el narcotráfico en México y de seguro, el lector colombiano, irá teniendo una más nítida sensación de déjà vu. Es tan sorprendente la similitud del panorama mexicano actual y el colombiano de los años ochenta y noventa, que varios medios de comunicación mexicanos han hablado de una “colombianización” de México.

La analogía es aterradora: guerra de carteles tal como en los tiempos de los cartes del Cali y de Medellín, asesinatos de líderes políticos y de funcionarios públicos, caos en las principales metrópolis por carro bombas, narcobloqueos y actos de gran envergadura destinados a generar temor en la población, corrupción en las mismas organizaciones del estado, la necesidad de incorporar el ejército a la lucha interna contra el narcotráfico, incautaciones de numerosas cargas de coca y marihuana, cooperación financiera y militar de Estados Unidos y una abrumadora cifra de asesinatos que lleva a los 28.000 desde el nombramiento de Calderón.

Es escalofriante saber que el conflicto se ha mudado y ha empacado consigo el terrorismo y la ingobernabilidad.

Será verdad que estamos condenados a repetir la historia una tras otra vez?

Por estos días, en los círculos periodísticos y académicos de México está rondando una frase que fue casi un slogan aquí en Colombia: “Estado fallido”. El gobierno mexicano ha pedido asesoría y cooperación a las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico. Y en México se ha abierto el debate sobre la legalización de las drogas, debate que Colombia comenzó desde hace dos décadas y que sigue planteando serios interrogantes sobre la manera como se ha venido asumiendo la problemática.

Colombia asumió la guerra y la va ganando. México está en el punto más caliente de un proceso que por el momento parece no tener una salida cercana. Su posición geográfica limítrofe con el principal consumidor de drogas del mundo casi lo condena a un destino de lucha contra el narcotráfico y a todas las devastadoras consecuencias que eso implica. El colombiano sabe lo que es eso y quizás sea esta una oportunidad para reevaluar la política internacional en el tema de drogas. El discurso estadounidense que se victimiza a sí mismo como destino del mal (las drogas) de los pueblos latinoamericanos está mandado a recoger.

En México y Colombia se ha replanteado muy seriamente la posibilidad de la legalización de las drogas pero desgraciadamente, esa política aún si llegara a prosperar en nuestros países difícilmente lograría el impacto que muchos han pronosticado. Parece que estamos supeditados a la política del país del norte: en tanto persistan las restricciones en el país que demanda la mayor parte de las drogas del mundo, el precio de las mismas seguirán por los cielos, el negocio seguirá siendo uno de los más rentables de la economía mundial y las naciones latinoamericanas (y posiblemente africanas en un futuro no tan lejano) seguirán siendo el lado de la frontera que sufra las devastadoras consecuencias de la guerra mientras que del otro lado se jactan de superioridad y se creen salvadores del mundo caótico a sus alrededores donde reina el narcotráfico y la violencia.

Julián Niño

Fuentes: El Espectador. El Mundo. El Universal.


La Obligación Moral De Obedecer o Desobedecer El Derecho Positivo.

“No hay un lugar en lo mas alto de los cielos,

ni en lo mas bajo de lo océanos,

donde no impere la ley moral”

Confucio

Mediante el siguiente ensayo, pretendo dar respuesta a la pregunta sobre la existencia de una obligación moral de obediencia hacia el derecho. Esta respuesta se dará a razón de un análisis de los tópicos siguientes: la validez de un ordenamiento jurídico y sus normas, las diferentes clases de obligatoriedad existentes, las interacciones entre el derecho positivo y la moral, y teorías y escuelas afirmadas y negadas por la tesis expuesta.

En primera instancia, es necesario distinguir que todas las normas jurídicas, que pertenecen a un sistema jurídico individualizado y que poseen un carácter positivo, deben reposar sobre una triada construida con base a una concepción de justicia objetiva, una institucionalización formal, y un arraigo social.[1] La  justicia objetiva le da un carácter de moral social a las normas positivas. Estas normas son creadas y sancionadas por unos órganos primarios que establecen la moral positiva y poseen el monopolio de la fuerza estatal. Con este monopolio de la fuerza estatal los órganos autorizados, aplican las sanciones coercitivas, lo cual clasifica al sistema jurídico como formalmente institucionalizado. Finalmente, el arraigo social, otorga una vigencia fáctica o de hecho a las normas jurídicas de un determinado ordenamiento jurídico.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible construir una clasificación de los diferentes tipos de obligatoriedad que se generan en el vinculo entre los sistemas jurídicos y los individuos que se encuentran normativizados dentro de los mismos. La primera clase de obligatoriedad, es aquella que lleva en su interior una propiedad jurídica, esto quiere decir que se puede encontrar al margen de que uno u otro concepto de moral la subscriban o no.[2] De este modo, la obligatoriedad jurídica, por medio de la positivización, se da a sí misma un autosatisfecho concepto de obligatoriedad y de validez jurídica formal. Esta obligatoriedad se encuentra planteada en la conducta exigida por la norma jurídica, que lleva incluidas las sanciones para las personas o patrimonios de las mismas que no la obedezcan. A su vez se genera una conducta obligada, que propone un ajustamiento de las relaciones sociales, quedando reducida a un simple calculo estratégico racio finalista, que se deriva de un temor o represión social de los órganos que usufructúan el aparato coactivo del estado, apartándose del carácter de obligatoriedad en un sentido ético.[3] Del mismo modo nos insinúa una conducta que “acarrea mas ventajas” y que encuentra su cimiento en un utilitarismo.[4] La anterior categoría puede ser catalogada ya no como una obligación sino como una conminación que converge en un fundamento que esboza el reconocimiento de principios éticos que no tienen contenido moral sino estrictamente jurídico.

La segunda clase de obligación y en estricto sentido ético la única, es aquella que lleva un transfondo de carácter moral. Esta obligatoriedad moral tiene su origen en el análisis subjetivo de los contenidos jurídicos de las normas, lo cual da origen a una opinión iuris. En términos hegelianos, esta opinión se construye con base en conceptos de razón y de justicia, que a su vez dan origen a una moralidad personal. El conglomerado de moralidades personales da como resultado una eticidad o moral social, que establece precedentes de justicia objetivos que deben ser acordes a lo prescrito por la normatividad del ordenamiento jurídico. La  conformidad o no conformidad del enunciado positivo, le confiere el origen a la racionalización de la obligatoriedad subjetiva u objetiva de obediencia o desobediencia del derecho positivo.[5

Paralelamente, es imprescindible considerar que ninguno de los individuos integrantes de un sistema jurídico o “ciudadanos”, podrá ver su concepción de justicia o de razón totalmente reflejada en aquel ordenamiento jurídico.[6] Por lo que siempre existirá una discrepancia jurídica en lo que pretende ser positivo y lo que ya cuenta con esta propiedad. Esta disconformidad da fundamento a una serie de alternativas que ocasionan diferentes consecuencias. La primera de estas posibilidades, se halla en la oposicion del derecho positivo con el concepto de justicia. Esta diferencia es tan miníma que resulta como consecuencia un conformismo moral de los integrantes del sistema jurídico. Se puede presentar eventualmente como un segundo caso, aquel en el cual existe una discrepancia de tal magnitud que se da como producto una objeción moral entre lo positivo y la concepción de justicia que el individuo tiene. En el caso de que esta discrepancia singular, no encuentre apoyo en un colectivo, el individuo que la planteo modificara la aplicación del sistema en la medida que no cambie el carácter positivo de las normas, pero si que se encuentre acorde con su moralidad. No obstante, cuando la incompatibilidad de este mismo individuo converja con las de un colectivo, llega a darse un desueto o una desobediencia civil en las normas del sistema jurídico al que hacen parte. En cualquiera de los dos casos se va a presentar una de las siguientes dos opciones un cambio de moralidad individual o social debido a lo establecido por la legalidad o moral positiva o un cambio de la legalidad o moral positiva debido a lo planteado por la moralidad individual o social. El primer caso se da en el supuesto del establecimiento de una norma que permite el abortar en ciertos caso, mientras la moral social lo niega, teniendo como consecuencia que la moral social se termina adaptando a la legalidad establecida. La eventualidad del segundo caso, tiene existencia cuando un ciudadano o individuo, lucha por imponer su juicio de justicia objetiva, contra una legalidad que puede no conllevar una idea de justicia en si misma.[7]

La validez de un sistema jurídico depende de el cumplimiento parcializado de cada uno de los elementos de la triada, dentro de cada uno de los enunciados componentes del sistema jurídico. Es preciso afirmar que dentro de este conjunto de enunciados debe encontrarse por lo menos una norma que tenga carácter coercitivo.[8] Por lo tanto la validez del sistema jurídico se encuentra dada por la justicia objetiva; el debido carácter creador y sancionador, mediante los órganos debidos; y la vigencia fáctica de cada uno de las partes del mismo. Esto conlleva a que los enunciados y en mayor medida las normas sean validas si cumplen con cada uno de las condiciones anteriormente mencionadas.[9] [10]

Cabe señalar que en concordancia con lo mencionado anteriormente, se encuentra la escuela iusfilosofica del positivismo metodológico o conceptual. Dado que acepta la existencia de principios morales y de justicia universales, que deben ser aplicados en la construcción del derecho positivo.[11] De igual manera acepta que una norma no debe ser considerada como invalida dentro de un sistema jurídico por el simple hecho de parecer injusta. Puesto que la injusticia y derogación de la norma debe ser declarada por el órgano debido.[12] Junto a la escuela iusfilosofica, se da razón a diferentes tesis teóricas como la norma fundamental de Hans Kelsen y la regla de reconocimiento de Herbert Hart.[13] De la misma forma, niega o no reconoce tesis teóricas como la planteada por Kelsen, en lo referente en la negación de todo papel en el ámbito jurídico a la justicia objetiva.[14]

Concluyamos entonces que los individuos de una sociedad, al encontrase frente a una ley justa, sienten una desinteresada obligación social. Como es de esperarse, se da una obligatoriedad moral a cumplir la norma que esta de acuerdo a la concepción de justicia de la moral social. Entretanto, en el supuesto de una ley injusta, una interesada obligación social fuerza a los individuos a cumplir la ley, apelando al temor coercitivo infundado por la misma. Como es natural, la noción de justicia otorgada por la moral social obliga a una desobediencia de la norma injusta que lleva consigo al desarraigo social de esta.

LUIS ALEJANDRO ROJAS BERNAL

BIBLIOGRAFIA

BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Editorial Temis, Bogota DC, 2007.

KELSEN, Hans. Teoría pura del Derecho. Grupo editorial Éxodo, México DF, 2007.

NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 9ª edición, 1999. pp. 10-156.

OLLERO, Andrés. “La Obligación Moral de Obedecer al Derecho”, en: Curso de Derecho y Conciencia Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Recuperado el 22 de mayo de 2010 de <<http://www.funciva.org/uploads/ficheros _documentos/1248355555_andres_ollero.pdf>>.


[1] OLLERO, Andrés. “La Obligación Moral de Obedecer al Derecho”, pp. 1-2.

[2] Ibíd. pp. 4-9.

[3] NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 9ª edición, 1999. pp. 101-113.

[4] NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 9ª edición, 1999. pp. 16-43.

[5] OLLERO, Andrés. “La Obligación Moral de Obedecer al Derecho”, pp. 4-9.

[6] Ibíd. pp. 9.

[7] Ibíd. pp. 9-16.

[8] NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 9ª edición, 1999. pp. 101-107.

[9] Ibíd. pp. 113-141.

[10] BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Editorial Temis, Bogota DC, 2007. pp. 102-130 143-154

[11] NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 9ª edición, 1999. p. 28.

[12] OLLERO, Andrés. “La Obligación Moral de Obedecer al Derecho”, pp. 2-5.

[13] NINO, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 9ª edición, 1999. pp. 121-132.

[14] KELSEN, Hans. Teoría pura del Derecho. Grupo editorial Éxodo, México DF, 2007. pp. 49-55.